Este lunes la gestión comunal de Timbúes resolvió otorgar un plazo de 24 a las autoridades nacionales para coordinar el trabajo de control sanitario a la tripulación de los barcos que llegan a las terminales portuarias de la región.
Entre las últimas disposiciones, Nación decretó el cierre de las fronteras aéreas terrestres y marítimas. Las localidades que conforman el Cordón Industrial continúan recibiendo barcos pertenecientes al comercio exterior, pero sin controles rigurosos en sus tripulantes.
“En medio de esta pandemia, constituyen todo un riesgo si alguno de ellos presenta síntomas o posee coronavirus”, sostuvo Amaro González y confirmó que ayer, al menos seis barcos, con una tripulación total estimada en 130 personas arribadas de distintos puertos del mundo, se encontraban en la región.
“Hemos establecido contacto con todos los gerentes de las empresas y enviado nuestro equipo de salud, dedicado exclusivamente a esa tarea, para llevar adelante el control y certificar que los tripulantes de los barcos se encuentra en óptimas condiciones”, indicó el presidente.
Con buena predisposición, el empresariado cedió un espacio en el puerto primario para ubicar la posta sanitaria que la comuna desea llevar adelante en cada una de las terminales “para realizar el control y garantizar el goce de buena salud de los trabajadores y la población en general”.
“La enfermedad quiere entrar, pretendemos no tener ni un solo caso, que podamos tenerla prevención suficiente para frenar la embestida del virus y así poder seguir haciendo una vida normal, a pesar de esta situación que embarga a toda la humanidad”, expresó.
En ese sentido, solicitó las gestiones necesarias para que el control sanitario se pueda ejercer a través del gobierno local para “tener la certeza de que la población que nos visita goza de buena salud”.
“Tenemos en riesgo a una ciudad sobre el río”, indicó, en relación a que hay un movimiento de aproximadamente 10 mil personas entre trabajadores de plantas, tripulantes y camioneros que arriban al lugar.
“Tenemos obligación moral y la responsabilidad institucional de llevar adelante los controles que hoy están en manos de las agencias marítimas. Acompañamos todas las medidas que el presidente lleva adelante, pero nos está faltando, no puede ser que las agencias tengan superpoderes para decidir quién entra a Argentina y en qué estado de salud”, sentenció.
De esta manera, previas intenciones de clausurar todas las plantas, se estableció un plazo de 24 horas para que las autoridades competentes convoque a la comisión a encontrar una solución a la problemática que mantiene en vilo a la región y al país.