El Gobierno nacional publicó este miércoles un mega decreto sobre energía que revierte las privatizaciones ordenadas en 2017 e instrumenta la gestión de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA, ex Enarsa) sobre distintas Termoeléctricas, incluida la de Timbúes.

La ex Enarsa tendrá el control del 68% de la Termoeléctrica San Martín de Timbúes (con una potencia instalada neta de 825 megavatios MW) y el 65% de la Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. ubicada en Campana, Buenos Aires, con 823 MV.

Además, tendrá control sobre la importación de gas de Bolivia para no caer en un default contractual y le asigna una concesión para buscar petróleo cerca de las Islas Malvinas, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 389/2021.

Esto, luego de que el presidente Alberto Fernández dio de baja los artículos 6, 8, 9, 10 y 11 del Decreto 882/2017 del 1 de noviembre de 2017, por el que el ex presidente Mauricio Macri, y su ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, ordenaron la “venta, cesión o transferencia” de las acciones estatales en Citelec (empresa controlante de Transener, en donde el Estado comparte la participación junto a Pampa Energía).

A partir de ahora, podrán distribuir sus dividendos si así lo decide la ex Enarsa, que será el accionista mayoritario de Manuel Belgrano I y Timbúes, ya que se derogó el artículo 37 de la Ley 24.065 (que rige al sistema eléctrico).

Entre las dos centrales generan ingresos por más de 850 millones de pesos por mes, de los que unos 350 millones son en concepto de energía, para pagar costos de operación de las centrales, y otros 500 millones remuneran la potencia. En el Gobierno analizan utilizar estos fondos para invertir en una nueva central termoeléctrica.

Estas plantas fueron construidas a partir de 2005 mediante el Fondo para Inversiones necesarias que permitan incrementar la oferta de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem).

El Foninvemem estaba gerenciado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y fue constituido hace 16 años para pagar una deuda del Estado con las empresas eléctricas por el congelamiento de las tarifas, mediante la capitalización con inversiones en usinas. Las compañías Central Puerto, AES, Enel y Pampa Energía son aportantes del fideicomiso y se convertirán en accionistas de las sociedades.

Cabe destacar que lo ex funcionarios (Macri-Aranguren) habían instruido la enajenación estatal de Central Dique, la Central Térmica Güemes, las acciones en Central Puerto, en Centrales Térmicas Patagónicas, la transportista eléctrica Transpa (de la Patagonia), las termoeléctricas Manuel Belgrano I y II, José de San Martín (Central Timbúes), Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. Además, el decreto planteaba la privatización de Dioxitek, la compañía que produce suministros para la medicina y la energía nuclear (uranio y Cobalto 60).