El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves 5 de noviembre a su cargo, acorralado por una crisis política y financiera que estalló tras la intervención de Ueno Bank, una entidad bancaria vinculada a su entorno empresarial.
La decisión se conoció mientras la Cámara de Diputados debatía el inicio de un juicio político por mal desempeño de sus funciones y después de que el mandatario perdiera el respaldo de su propio espacio político, el Partido Colorado.
La crisis comenzó el martes, cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención y resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida dejó a millones de clientes sin posibilidad de acceder a sus cuentas y generó fuertes reclamos de ahorristas y manifestaciones en Asunción.
La entidad administraba importantes recursos públicos y previsionales. Según distintas informaciones, el banco tenía cerca de 2,9 millones de clientes y había recibido depósitos de organismos estatales por cientos de millones de dólares. La situación también puso bajo cuestionamiento los vínculos comerciales que Peña mantuvo con el grupo empresario que controlaba la entidad.
El mensaje de renuncia
Peña comunicó su decisión a través de un mensaje grabado que publicó en su cuenta de la red social X. En su declaración, justificó la salida en la necesidad de preservar la estabilidad institucional del país.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, expresó.
Además, pidió disculpas a la ciudadanía y señaló que su prioridad es garantizar la tranquilidad de los paraguayos afectados por la crisis bancaria y la devolución de sus ahorros.
Quién asumirá la presidencia
Tras la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana aparece como su sucesor y deberá completar el período presidencial que se extiende hasta 2028, de acuerdo con el mecanismo constitucional paraguayo.
La salida del mandatario representa un fuerte impacto político para Paraguay, que atraviesa una de las mayores crisis institucionales de los últimos años, con miles de ahorristas afectados y cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos.
La renuncia deberá ser tratada formalmente por el Congreso paraguayo.