El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2013 y celebrada por primera vez en 2014. Su objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de la trata, promover la protección de las víctimas y fortalecer las acciones para combatir a las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad.
La trata de personas constituye una grave violación de los derechos humanos y afecta a millones de personas en todo el mundo. Mujeres, hombres, niñas y niños pueden ser víctimas de distintas formas de explotación, como la explotación sexual, el trabajo forzoso, la mendicidad forzada, los matrimonios forzados, la extracción de órganos y, en los últimos años, la participación obligada en delitos vinculados a las ciberestafas.
En 2026, la campaña internacional lleva como lema “Atrapados detrás de la estafa”, una iniciativa que busca visibilizar el crecimiento de la trata con fines de delincuencia forzada en el contexto de los fraudes en línea.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que cada vez son más las personas engañadas mediante falsas ofertas de empleo, trasladadas a otros países y retenidas contra su voluntad en centros donde son obligadas, bajo amenazas, violencia e intimidación, a cometer estafas por internet.
Desde 2022, la OIM asistió a cerca de 3.000 víctimas rescatadas de estos centros de ciberestafas en el sudeste asiático. No obstante, el organismo alertó que muchas de ellas aún no son reconocidas como víctimas de trata y, en cambio, son consideradas responsables de los delitos que fueron forzadas a cometer.
Una fecha para reforzar la prevención
Desde su creación, el Día Mundial contra la Trata de Personas ha abordado diferentes ejes para fortalecer la prevención y la asistencia a las víctimas. A lo largo de los años, las campañas impulsadas por la ONU hicieron foco en la protección de niños y niñas, el rol de los primeros respondedores, la importancia de escuchar a las víctimas, la necesidad de no dejar a nadie atrás y el fortalecimiento de las políticas de prevención, protección y persecución del delito.
La ONU y la OIM remarcan que enfrentar este problema requiere una mayor cooperación internacional, mejores mecanismos de identificación de las víctimas, asistencia integral, procesos seguros de reintegración y un trabajo coordinado entre los Estados para desarticular las redes criminales que operan a nivel transnacional.