A 32 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la comunidad judía volvió a exigir justicia y manifestó su preocupación por la falta de avances en la investigación del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994. Durante el acto conmemorativo realizado este viernes en Buenos Aires, las autoridades de la institución advirtieron que la causa continúa sin novedades relevantes y reclamaron medidas que permitan reactivar el proceso judicial.
El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, afirmó que el expediente permanece prácticamente inmovilizado y sostuvo que, pese al paso del tiempo, las víctimas y sus familias siguen esperando respuestas. En ese contexto, insistió en la necesidad de que pueda implementarse el juicio en ausencia para los ciudadanos iraníes acusados por la Justicia argentina, quienes nunca comparecieron ante los tribunales del país.
La ceremonia comenzó a las 9.53, el mismo horario en que hace 32 años un coche bomba destruyó la sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur al 600, en la ciudad de Buenos Aires. El ataque dejó un saldo de 85 personas asesinadas y más de 300 heridas, y es considerado el atentado terrorista más grave de la historia argentina y uno de los mayores ataques contra la comunidad judía fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.
La investigación judicial, que se extendió durante más de tres décadas, estuvo marcada por irregularidades, denuncias de encubrimiento y cambios de magistrados y fiscales. En 2006, la Unidad Fiscal AMIA atribuyó la planificación del atentado a altos funcionarios del régimen iraní y señaló a la organización Hezbollah como responsable de su ejecución. Desde entonces, la Justicia argentina mantiene pedidos de captura internacional y alertas rojas de Interpol contra varios de los acusados, aunque ninguno fue extraditado para ser juzgado en el país.
En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Irán fue el autor intelectual del atentado y calificó el ataque como un delito de lesa humanidad. Meses después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por las graves falencias en la investigación y el encubrimiento del caso, ordenándole adoptar una serie de medidas para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia.
En ese escenario, el juicio en ausencia volvió a cobrar protagonismo como una herramienta para intentar destrabar la causa. La nueva legislación aprobada en 2025 abrió la posibilidad de juzgar a los diez imputados iraníes declarados rebeldes, una medida que aún debe avanzar en la Justicia y que es considerada por los familiares de las víctimas como una oportunidad para evitar que el expediente continúe paralizado.
Del acto participaron el presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y representantes de distintos sectores políticos, quienes acompañaron a sobrevivientes y familiares en un nuevo reclamo para que, después de más de tres décadas, el atentado contra la AMIA deje de ser una causa marcada por la impunidad.