Luego de cinco años y nueve meses de que estallara el edificio de calle Salta 2141, por una gran fuga de gas que causó la muerte de 22 personas, uno de ellos un jóven oriundo de Maciel, la Fiscalía y la querella pidieron ayer cinco años de prisión efectiva para los imputados de haber causado esa tragedia.
Entre los imputados se encuentran el gasista, su ayudante, los administradores del consorcio e inspectores y responsables jerárquicos de Litoral Gas. Las defensas, continuarán hoy con sus alegatos, y anunciaron que irán por la absolución. Todo, en el marco de la primera jornada del juicio oral y público que prevé extenderse al menos por dos meses y por el que desfilarán más de 130 testigos por el nuevo Centro de Justicia Penal.
Pasados 38 minutos de las nueve de la mañana fue la hora exacta en que explotó el edificio el 6 de agosto de 2013, la fiscal Graciela Argüelles promediaba ayer el alegato de la fiscalía. Detrás de ella escuchaban con atención los padres de Débora Gianángelo, la única familia de una víctima que quedó como querellante en este proceso. El resto acordó una indemnización a cambio de desistir de los reclamos penales.
Argüelles remarcó que la tragedia fue el final de una serie de reclamos ante Litoral Gas, realizó una cronología de los hechos anteriores a la explosión, cargó duro contra el gasista Carlos García, quien manipuló el regulador el día de la tragedia, fustigó el rol de los administradores de consorcio y no dudó en criticar el de los responsables técnicos de Litoral Gas.
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