El primer Congreso Provincial de Justicia Comunitaria se desarrolló en Rosario durante dos jornadas de intercambio y capacitación, con la participación de alrededor de 100 personas de manera presencial, además de asistentes virtuales. La actividad convocó a integrantes del Poder Judicial, abogados, representantes de hospitales, entidades bancarias, áreas de asistencia social y organizaciones vinculadas con la niñez, entre otros sectores.
El encuentro abordó el presente y el futuro de los juzgados comunitarios, sus competencias y los recursos necesarios para mejorar su funcionamiento en las localidades santafesinas. También incluyó espacios dedicados a género, diversidad, mujeres, niños, adultos mayores, consumo problemático y salud mental.
La iniciativa fue impulsada por Romina Brining, jueza de Serodino y Maciel y presidenta del Instituto de Jueces Comunitarios del Colegio de Magistrados Zona Sur, quien dirigió el congreso. Entre las expositoras estuvo Aída Kemelmajer, exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, reconocida por su trayectoria académica y judicial.
Ambas coincidieron, desde perspectivas diferentes, en la importancia de revisar las herramientas con las que cuenta el sistema judicial y de fortalecer su vínculo con la ciudadanía.
Romina Brining: “El servicio de Justicia tiene que estar cada vez más cerca de la ciudadanía”
Para Brining, el congreso representa un punto de partida para discutir cambios estructurales en la Justicia Comunitaria de Santa Fe. La magistrada destacó la importancia histórica de la convocatoria y planteó la necesidad de revisar tanto la distribución territorial de los juzgados como las competencias que tienen asignadas.
“Esto da un puntapié inicial para rediseñar el mapa de la provincia, rediseñar las competencias que tienen los juzgados comunitarios”, sostuvo.
La jueza remarcó que estos organismos representan, en muchos casos, el primer acceso a la Justicia para los ciudadanos, por lo que consideró necesario fortalecerlos con más recursos y mejores condiciones de infraestructura.
“Nosotros somos el primer acceso a Justicia que tiene el ciudadano y ese primer acceso tiene que estar más dotado de recursos, tiene que estar dotado de otro tipo de infraestructura que muchas veces depende de la voluntad individual de cada magistrado”, expresó.
Brining explicó que la intención del encuentro fue generar un espacio para repensar el funcionamiento de estos juzgados y su articulación con las políticas públicas, tanto del Poder Ejecutivo como del propio Poder Judicial.
Qué pueden resolver los juzgados de pequeñas causas
Uno de los objetivos planteados por la magistrada fue visibilizar las funciones que cumplen los juzgados comunitarios y las posibilidades que tienen los vecinos de recurrir a ellos para defender sus derechos.
Entre las competencias que mencionó se encuentran los reclamos de consumidores, los conflictos de convivencia, las cuestiones laborales, los cobros de dinero y las solicitudes de restricciones en situaciones de violencia familiar o de género, además de las tareas vinculadas con el Registro Civil.
La jueza destacó que las personas pueden acercarse para recibir orientación sobre cómo proceder ante distintas situaciones.
“El ciudadano puede acercarse y se lo va a asesorar respecto de cómo puede defender sus derechos”, afirmó.
Para Brining, el desafío es que la comunidad conozca estos recursos y pueda acceder a ellos sin que las distancias o las dificultades materiales se conviertan en un obstáculo.
El trabajo conjunto con las comunidades
La magistrada también puso el foco en la necesidad de articular las intervenciones judiciales con los equipos interdisciplinarios, las organizaciones sociales, las presidencias comunales y las áreas de asistencia social.
“Esto es para repensar las políticas públicas, las políticas públicas del Ejecutivo y las políticas públicas dentro del Poder Judicial, de cómo afrontar, dirimir las controversias, poder resolver los conflictos desde otro ángulo y cercano a la ciudadanía”, señaló.
En ese sentido, consideró que la mirada transversal debe atravesar al conjunto del sistema judicial y no quedar limitada a los juzgados de pequeñas causas.
El congreso reunió a participantes de distintos sectores para intercambiar experiencias y analizar cómo abordar problemáticas que requieren respuestas coordinadas.
La experiencia en Serodino y Maciel
Brining también se refirió al trabajo que desarrolla en los juzgados de la región. En el caso de Maciel, donde en diciembre cumplirá cuatro años de gestión, destacó las modificaciones realizadas en infraestructura y los avances en informatización.
Además, anticipó que esa dependencia se incorporará a un plan de informatización para continuar mejorando los procedimientos.
La jueza explicó que, pese a las limitaciones de recursos, se intenta sostener un servicio que acompañe a los vecinos, a las comunidades y a las autoridades comunales. También mencionó las gestiones vinculadas con documentación y los espacios de diálogo que mantienen para abordar situaciones puntuales.
La organización del congreso contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Centro de Abogacía del Poder Judicial y el Colegio de Magistrados. Además, recibió declaraciones de interés de la Federación Argentina de la Magistratura y del Senado provincial, a través del senador Leonardo Diana.
“Estoy profundamente agradecida con cada una de las instituciones porque fue una idea chiquita que se fue materializando y se concretó al día de hoy”, expresó Brining.
Aída Kemelmajer: “Para que la gente se sienta cerca, la responsabilidad es de quien puede resolver ese problema”
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza centró su intervención en la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial, la defensa de los derechos individuales y colectivos y la necesidad de que las decisiones de los tribunales puedan concretarse en la realidad.
Uno de los primeros puntos que abordó fue el nombre tradicional de los juzgados de pequeñas causas. Para Kemelmajer, la denominación puede minimizar la importancia que un conflicto tiene para quien lo atraviesa.
“Eso que llaman pequeñas causas para cada persona es su gran causa”, sostuvo, y planteó que sería conveniente pensar en otra terminología.
La reflexión puso de relieve una cuestión central para el acceso a la Justicia: un problema puede ser de menor cuantía desde el punto de vista jurídico, pero tener una enorme importancia para la persona que necesita resolverlo.
La responsabilidad de acercar la Justicia
Kemelmajer también se refirió a la percepción de distancia que existe entre la ciudadanía y las instituciones judiciales.
“La tradición en la Argentina es creer que ni la ley ni los jueces te acompañan”, afirmó.
La exmagistrada, que fue jueza durante 26 años, sostuvo que la responsabilidad de modificar esa percepción no puede recaer sobre las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, sino sobre quienes tienen herramientas para intervenir.
“La responsabilidad de que la gente se sienta cerca evidentemente no es de la persona en situación de vulnerabilidad, sino de la persona que puede resolver ese problema”, señaló.
Para explicar su mirada, recordó las ideas del pensador francés Alexis de Tocqueville y su sorpresa ante un sistema judicial en el que los jueces no se limitaban a repetir el texto de la ley, sino que podían tener un papel más activo frente a los problemas de las personas.
En ese marco, Kemelmajer consideró que, aunque un magistrado no siempre pueda solucionar por completo una situación, sí puede contribuir a mejorarla o garantizar que la persona sea escuchada seriamente.
Acciones colectivas y derechos individuales
Otro de los ejes de su exposición fue el uso de las acciones colectivas como herramienta para defender derechos que afectan a grupos de personas.
Kemelmajer explicó que estos mecanismos pueden resultar muy eficaces cuando existe un problema compartido por una comunidad o un conjunto de afectados. Sin embargo, advirtió que su utilización debe contemplar también los derechos individuales de quienes podrían quedar en una situación de desprotección.
Cuando se ejercen adecuadamente, afirmó, las acciones colectivas pueden representar un avance importante en la defensa de los derechos, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
La exministra planteó así la necesidad de analizar cada caso y determinar cuándo existe un interés colectivo que justifique este tipo de intervención, sin perder de vista las garantías individuales.
La falta de coordinación entre los poderes públicos
Al referirse a las cuestiones pendientes del sistema judicial, Kemelmajer señaló que uno de los principales problemas es la dificultad para coordinar tareas entre las distintas instituciones del Estado.
“Nosotros somos buenos individualmente, pero cuando tenemos que coordinar tareas, cuando tenemos que trabajar con otros, ahí es donde […] estamos fallando”, sostuvo.
Como ejemplo, recordó situaciones que observó durante su paso por la Corte, en las que jueces reclamaban que organismos del Poder Ejecutivo no cumplían determinadas órdenes vinculadas con casos de familia o niñez, mientras que desde el Ejecutivo cuestionaban que algunas decisiones judiciales resultaban difíciles de ejecutar.
Para Kemelmajer, esas diferencias muestran la importancia del diálogo y de una coordinación efectiva entre los poderes públicos.
Una sentencia puede ser justa, pero pierde eficacia si no se cumple. Por eso, consideró necesario superar las dificultades de articulación para que las decisiones judiciales se traduzcan en respuestas concretas.
Niñez y justicia restaurativa: el derecho no alcanza por sí solo
Kemelmajer dedicó otra parte de su intervención a la niñez y a la necesidad de abordar los conflictos desde una perspectiva que incluya no solo el derecho, sino también las dimensiones sociales y comunitarias.
“Nosotros leyes tenemos a montones. No nos hace falta leyes, nos hace falta este criterio de eficacia que en la mayoría de los casos obedece a falta de coordinación entre los poderes públicos”, afirmó.
Para explicar su planteo, utilizó el ejemplo de un adolescente que roba una cartera y ejerce violencia contra una persona mayor. En lugar de reducir la respuesta a una sanción, propuso pensar en programas que permitan al joven asumir la responsabilidad por lo ocurrido, atender a la víctima y trabajar en la reparación del daño.
En ese proceso, sostuvo, la víctima también debe tener un lugar para expresar lo que vivió y participar, cuando corresponda, de una instancia que permita comprender las consecuencias del hecho.
La exmagistrada señaló que la reintegración social requiere, además, oportunidades concretas para que los jóvenes puedan desarrollar capacidades y encontrar un lugar en la comunidad. Mencionó como ejemplo la posibilidad de participar en actividades deportivas y colaborar con otros chicos.
Sin embargo, advirtió que ese camino resulta difícil si la sociedad cierra las puertas a quienes buscan reinsertarse.
Para Kemelmajer, estas situaciones no pueden resolverse exclusivamente desde los tribunales: requieren políticas sociales, participación comunitaria y trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado.
“El tema de la niñez no es un tema del Poder Judicial, no es un tema del Poder Ejecutivo, no es un tema del legislador, es un tema de todos”, afirmó.
Su planteo fue que el derecho debe ser una herramienta fundamental, pero necesita complementarse con otras respuestas sociales para que las decisiones tengan efectos reales y contribuyan a reparar los daños.
Un desafío compartido
Las exposiciones de Brining y Kemelmajer abordaron distintos aspectos de una misma preocupación: cómo lograr que la Justicia resulte más accesible y efectiva para quienes necesitan una respuesta.
Desde la experiencia de los juzgados comunitarios, Brining planteó la necesidad de revisar competencias, mejorar la infraestructura y fortalecer el vínculo con las localidades. Kemelmajer, por su parte, puso el acento en la responsabilidad institucional, la coordinación entre los poderes públicos y la necesidad de contemplar las dimensiones sociales de los conflictos.
El primer Congreso Provincial de Justicia Comunitaria dejó planteada así una agenda de discusión que va más allá de la organización de los juzgados: acercar la Justicia a la ciudadanía implica contar con recursos, escuchar a las personas y construir respuestas que puedan cumplirse en la vida cotidiana.