Instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad no reciben su pago desde junio y ante esta situación, profesionales de la región se encuentran en estado de alerta, tras una comunicación del gobierno nacional de retrasar el pago de las prestaciones. Bajo el lema de “no al ajuste en discapacidad”, reclaman a la Superintendencia de la Salud que abone lo adeudado a las obras sociales.
A las 10 horas de este martes comenzó una movilización en el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario para apoyar los reclamos en todo el país y también, quienes no pudieron acercarse, se sumaron a la concientización a través de las redes sociales, con fotos y carteles con la mencionada consigna “no al ajuste en discapacidad”.
En diálogo con IRE, Pilar Pacheco, directora del instituto de rehabilitación neurológica de Pueblo Andino, explicó que a las prestaciones las subsidia actualmente el Estado nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. “Aunque con retrasos (a veces de hasta tres meses o más), acostumbramos a recibir los pagos. Esta vez no han abonado nuestro trabajo de junio”, dijo.
Y agregó: “A partir de este mes, Superintendencia ha frenado los fondos y no ha depositado a las obras sociales. Sabemos bien que los derechos de las personas con discapacidad no se vulneran solo a partir de esta situación en particular, se vulneran todos los días, cuando las obras sociales no autorizan pañales, cuando una persona amputada no le autorizan su prótesis, cuando no autorizan los tratamientos o las sesiones que se solicitan, cuando un niño con internacional domiciliaria no le envían sondas o una aspirador o no autorizan una silla de ruedas y así podría dar miles de ejemplos”.
Asimismo, destacó que en la institución a su cargo, en Andino, el trabajo “no es solo en los consultorios, sino que fue, es y será siempre acompañando a las familias en cada una de estas circunstancias, orientando, asesorando y colaborando”
“Nuestro trabajo no es solo con las personas con discapacidad, trabajamos con. por y para las personas con discapacidad. Es por eso que queremos ser optimistas y pensar que esto se va a solucionar en el corto plazo, porque nuestros profesionales y transportistas son prestadores independientes que si no reciben sus pagos, necesitan recursos para poder sostener las prestaciones”, detalló.
Si bien esta semana no adhieren a los paros que diferentes organizaciones propusieron, si adhieren al reclamo, concientizando a través de redes que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad.
Por otra parte, detalló que “La ley establece que las obras sociales o empresas de medicina prepaga son quienes deben dar la cobertura y abonarlas con fondos propios en última instancia, más allá del subsidio del Estado nacional, es por eso que de persistir esta situación que hace correr riesgo a la cobertura de los tratamientos, se orientará a la familia a realizar la correspondiente denuncia por falta de cobertura frente a la Superintendencia”
No al ajuste en discapacidad
A través de un comunicado, indicaron: “Ante una nueva situación que continúa con la vulneración de derechos de las personas con certificado de discapacidad, profesionales del departamento San Lorenzo estamos en estado de alerta debido a la comunicación del gobierno nacional de retrasar el pago de las prestaciones”.
Asimismo explicaron que “la cobertura de las prestaciones la realiza el Estado nacional, a través de las Obras Sociales Nacionales. En el caso de IAPOS y las empresas de medicina prepaga (socios voluntarios), abonan con sus fondos, por lo tanto sus retrasos no serán por intervención del Estado nacional”
En ese sentido enfatizaron que “cada día de retraso en los pagos, en un contexto inflacionario, significa un gran esfuerzo financiero que desgasta y agota, sumado a la preocupación ante la incertidumbre de no saber qué seguirá sucediendo”.
“Esta situación de tensión es un claro reflejo de la presión que ejerce el Estado nacional junto a las Obras Sociales y prepagas sobre los derechos de las personas con certificado de discapacidad. Intentando poner una y otra vez sobre la cuerda floja un sistema que necesta ser más ágil, claro y justo”, abundaron.
Es por ello que el propósito del planteo de los prestadores de servicio es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)”.
Así, piden salir a defender los derechos de las personas con CUD. “Tomemos conciencia de que un mundo justo es un lugar donde las oportunidades sean iguales para cada persona”, finalizaron.