La Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (A.T.A.P) y la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros (C.E.TRA.M.P), plantearon que atraviesan una “delicada situación” y le exigieron al gobierno provincial que tome la “postergada decisión” de actualizar tarifas y subsidios. A octubre el desfasaje sería del 82.5%.
En medio de la crisis económica las organizaciones de empresarios de colectivos interurbanos se plantaron a la espera de una decisión, o tomarán medidas. Según plasmaron el contexto los lleva a un complejo cuadro de “desinversiones, conflictos laborales ante la eventual imposibilidad de atender los aumentos salariales, atrasos en la cadena de pagos, viéndose afectada la normal prestación de los servicios y directamente al público usuario”.
En ese sentido, desde ATAP y CETRAMP especificaron: “La inflación experimentada en nuestro país en el último año estimada en un 150% ha superado holgadamente todos los costos de nuestra actividad”.
Y puntualizaron los puntos más complejos: “La situación con los proveedores de los principales insumos se ha visto agravada en cuanto a la cadena de importación y al constante y desmesurado incremento de los costos, por lo que la provisión de algunos repuestos originales se torna por demás dificultosa, los combustibles (otro de nuestros principales costos) tuvo un incremento de aproximadamente un 50% desde Mayo, en tanto el rubro sueldos que tuvo un incremento superior al 100% en lo que va del año”.
Al contexto macro se suma que no fijan sus tarifas de manera autónoma sino que está regulado por ley: “Como contrapartida los únicos ingresos genuinos con que cuentan las empresas de autotransporte público de pasajeros de carácter provincial (tarifa) que son regulados por el Estado, no han evolucionado al ritmo necesario como para atender los costos de explotación”.
En consecuencia, según los empresarios el costo de atraso del boleto supera el 80% y señalaron la actitud del gobierno de Perotti: “A octubre de 2023, teníamos un atraso tarifario del 82,60% y que pese a las distintas promesas del estado provincial se sigue demorando la toma de decisiones sobre una urgente readecuación tarifaria, la que resulta necesaria e imprescindible”.
Luego de describir el marco general, no descartaron medidas: “De no efectivizarse la imprescindible y fundada recomposición tarifaria solicitada por nuestra parte de un aumento no menor al 60%, traerá aparejado una tarifa cada vez más alejada de la realidad, lo que resulta en inevitables desinversiones, conflictos laborales ante la eventual imposibilidad de atender los aumentos salariales, atrasos en la cadena de pagos, viéndose afectada la normal prestación de los servicios y directamente al público usuario”.
Versiones cercanas indicaron que ya están evaluando quitar frecuencias para tratar de equilibrar su situación financiera, lo que afectaría directamente a los usuarios.