Diez días previos a la suspensión total de la pesca deportiva y comercial sobre el sistema del río Paraná en la provincia, el Gobierno santafesino estaba advertido de que esto podía suceder si no presentaba un plan alternativo que contribuyera a proteger el medioambiente devastado por la bajante histórica y la depredación comercial del recurso, sin embargo desde el Ministerio de la Producción nunca se brindó una respuesta ante el planteo de la Justicia.
El pasado 18 de diciembre el juez Luciano Carbajo citó a representantes de las organizaciones ambientalistas El Paraná no se Toca e Identidad Ambiental, al Ministerio de la Producción y a un diputado que junto a otros legisladores viene planteando la problemática desde principios de 2020.
El encuentro se desarrolló alrededor de las 11 horas, en una oficina del Juzgado Civil y Comercial de la 11° Nominación de los Tribunales de Rosario. Pero la Provincia no envió a ningún funcionario o técnico que conociera a fondo el tema de la pesca, sino que asistió la abogada María Verónica Gañán, quien argumentó que los funcionarios del área se encontraban en ese momento participando de una reunión del Consejo Federal Pesquero.
En esa reunión, el juez Carbajo dijo que había analizado en profundidad los argumentos presentados por las organizaciones ambientalistas y por legisladores provinciales, y que le daba al Gobierno de Santa Fe hasta el miércoles 23 de diciembre para que presentara alguna medida tendiente a proteger el recurso ictícola del sistema del Paraná. De lo contrario, advirtió, sería él quien tomara una decisión.
Finalmente, el 28 de diciembre Carbajo cumplió con su advertencia y ordenó la prohibición de la pesca deportiva y comercial sobre el Paraná, y el Gobierno reaccionó con aparente sorpresa, como si no hubiese sido advertido de la situación.
Inmediatamente el ministro Daniel Costamagna sostuvo que apelarán esta medida y dijo que la decisión del juez “no tiene demasiado asidero”. Además, declaró: “Tenemos muy claro la defensa del recurso no solo en el río Paraná sino en todos los ríos de la provincia, se estaba trabajando en una propuesta técnica y con fundamentos en cuestiones vinculadas al cupo de exportación, a la fiscalización en puertos y un estudio a fondo de la conservación del recurso”.
Mientras tanto, el Gobierno debe acatar la orden judicial y garantizar que no se pesque. Quienes conocen del tema advierten que no será fácil, ya que Santa Fe tiene cerca de 500 kilómetros de río, 13 puertos de fiscalización y apenas 9 inspectores para realizar esta tarea.
También a principios de 2020, la Cámara de Diputados de la Provincia sancionó distintos proyectos de Comunicación -impulsados, entre otros, por los diputados Oscar Martínez, Clara García, Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver- advirtiendo sobre lo que estaba sucediendo en el Paraná debido a la bajante y a la pesca indiscriminada.
La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recibió el 27 de mayo a Jorge Torelli, representante del Ministerio de la Producción. Se le pidió, entre otros datos, el listado oficial de los frigoríficos de pescado autorizados para operar en la provincia de Santa Fe y para la exportación. Pero los asistentes a dicho encuentro coinciden en que esta información no estuvo claramente disponible.
Allí, Torelli dijo que hay más de 5.000 pescadores registrados en la provincia pero que, los que realmente subsisten gracias a esta actividad, con poco más de 2.500. Sin embargo, advirtió que en épocas de pandemia iba a ser muy difícil que pudieran reconvertirse a otro tipo de trabajo.
También remarcó la baja en el cupo de exportación, argumento que no convenció a los diputados. Finalmente, el 20 de mayo se dio media sanción a una ley que prohibía durante 180 días en todo el territorio provincial la actividad pesquera deportiva y comercial.El proyecto había sido elaborado por Martínez y luego se sumaron con algunas modificaciones Palo Oliver y Del Frade.
“Muy pocos empresarios que prácticamente no generan mano de obra, ni necesitan infraestructura, acopian y exportan en dólares pagando miserias en pesos a los pescadores. Son recursos naturales y de todos. No están produciendo nada los dueños de los frigoríficos y los exportadores. Es urgente que se discuta este modelo de comercialización”, dijo Oliver.
Fuente: Aire de Santa Fe