La Legislatura de Santa Fe aprobó de manera definitiva una ley que busca combatir uno de los problemas sociales de mayor crecimiento en la provincia: la ludopatía o adicción al juego. La sanción de esta normativa representa un avance significativo en la protección de la salud pública, especialmente entre los más jóvenes, quienes se encuentran cada vez más expuestos al consumo problemático de juegos de azar y apuestas online. La ley, fruto de un proceso legislativo largo y consensuado, establece un marco regulatorio integral para prevenir los daños derivados de estas prácticas.
Este proyecto, impulsado principalmente por las diputadas Gisel Mahmud y Varinia Drissun, tiene como objetivo central promover la salud y el bienestar de los ciudadanos, con especial énfasis en la prevención de adicciones vinculadas a los juegos de azar. En su discurso, Mahmud subrayó “que no es un problema exclusivamente de Santa Fe, pero desde acá definimos no mirar para otro lado y asumimos este debate para generar las herramientas necesarias que nos ayuden a combatirlo”.
“Desde hace tiempo estamos alertando sobre los problemas del juego, las apuestas que llevan a niñas, niños y adolescentes a estar atrapados en más juegos de plataformas, que empiezan a verinvolucrado su dinero, comienzan a tener deudas y muchos terminan desarrollando consumos problemáticos”, continuó.
“Este proyecto tiene un abordaje desde lo educativo y desde la salud, para trabajar desde las escuelas, en las aulas y con las familias”, afirmó y luego destacó la importancia de las herramientas que la ley contempla “para construir información, estadísticas y datos que nos permitan tomar decisiones y políticas desde el Estado”, finalizó Mahmud.
“Este proyecto tiene un abordaje desde lo educativo y desde la salud, para trabajar desde las escuelas, en las aulas y con las familias”
Uno de los puntos más destacados de la ley es la creación de un Programa Educativo para la Prevención de la Ludopatía. Este programa estará dirigido tanto a estudiantes como a docentes y familias, con el fin de sensibilizar sobre los riesgos asociados con el uso desmedido de plataformas de juego en línea. La intención es fomentar un uso responsable de las tecnologías y promover lo que se denomina una “ciudadanía digital” informada y consciente.
Además de las medidas preventivas, la ley contempla importantes regulaciones para limitar el acceso a los juegos de azar, especialmente en lo que respecta a los menores de edad. En este sentido, uno de los artículos más relevantes de la normativa establece que las dependencias públicas, especialmente los centros educativos y las redes wifi públicas, deberán bloquear el acceso a sitios web relacionados con las apuestas. Esta medida busca reducir las posibilidades de exposición de los jóvenes a estos contenidos, facilitando un entorno más seguro tanto en el ámbito escolar como en el público en general.
En cuanto a la protección de los usuarios, la ley también establece normas para regular la industria del juego, tanto en su modalidad tradicional como en línea. Se prohíbe la concesión de créditos o préstamos a los jugadores, así como la instalación de cajeros automáticos en las áreas de juego, lo cual puede contribuir a reducir el riesgo de que las personas caigan en comportamientos compulsivos o se endeuden debido a su adicción. Además, las plataformas de apuestas online deberán implementar sistemas de autenticación rigurosos para garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales de los usuarios.
Otra medida relevante es la implementación de campañas de concientización en eventos deportivos y de alta concurrencia. La ley establece que, en dichos eventos, se difundirán mensajes claros que resalten que “apostar no es un juego”, con el fin de desalentar la normalización de las apuestas y hacer visible los riesgos que conlleva.
El abordaje de la ludopatía, sin embargo, no se limita a la regulación y la prevención. También se contempla la creación de una mesa de coordinación interinstitucional que agrupe a diversos ministerios y organismos, como los de Salud, Educación y Cultura, para trabajar de manera conjunta en la implementación de estrategias públicas que aborden la problemática desde múltiples frentes.
El desarrollo de políticas públicas para la prevención de la ludopatía también involucra la promoción de la salud mental. El Ministerio de Salud se encargará de diseñar e implementar estrategias de apoyo y prevención, trabajando de manera articulada con las instituciones comunitarias. La ley reconoce que el problema de la ludopatía tiene profundas implicancias en la salud mental de las personas afectadas, por lo que su tratamiento debe ser integral y multidisciplinario.
Un aspecto fundamental de la ley es el financiamiento de estas acciones. Para garantizar que las medidas sean efectivas, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo contará con la facultad de ajustar los presupuestos destinados a la implementación de políticas relacionadas con la ludopatía. Esto permitirá una asignación adecuada de recursos para que las iniciativas preventivas y asistenciales no queden desfinanciadas y puedan ser desarrolladas con la amplitud necesaria.
Por otro lado, la legislación también busca erradicar las prácticas publicitarias agresivas y engañosas relacionadas con las apuestas, que a menudo constituyen un factor de riesgo en la adicción. La ley prohíbe explícitamente la promoción de los juegos de azar en medios públicos y privados, limitando las estrategias de marketing que puedan llegar a los sectores más vulnerables, como los jóvenes.
Finalmente, esta ley representa un avance importante para Santa Fe en la lucha contra una de las adicciones más insidiosas de la actualidad. La implementación de un protocolo de actuación integral, que abarca la prevención, la educación, la regulación y la asistencia, marca un precedente en el país en términos de compromiso político y social frente a la ludopatía. La creación de este marco legal no solo responde a una necesidad urgente de protección de los más jóvenes, sino que también pone de manifiesto la importancia de abordar los problemas sociales de forma integral, con una mirada que contemple tanto las causas como las consecuencias de las conductas adictivas.