Santa Fe avanza con una propuesta para endurecer las medidas contra las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados busca incorporar nuevas sanciones y modificar el sistema de registro de quienes mantienen deudas por cuotas fijadas judicialmente.
Entre los puntos más destacados aparece la prohibición de ingresar a estadios de fútbol y casinos para las personas que estén alcanzadas por las condiciones previstas en la normativa. Si bien estas restricciones ya pueden aplicarse en situaciones particulares por decisión judicial, la iniciativa pretende incorporarlas a un régimen general.
En principio, la medida también podría alcanzar a las canchas de las ligas regionales, como la Liga Regional Totorense de Fútbol y la Liga Regional Sanlorencina, aunque el alcance concreto dependerá de la redacción definitiva de la ley y de cómo se implemente el control en cada torneo.
La reforma todavía no está vigente: necesita la aprobación del Senado provincial para convertirse en ley.
Qué restricciones contempla el proyecto
La propuesta establece distintas consecuencias según la cantidad de incumplimientos registrados. En términos generales, contempla medidas para quienes acumulen dos cuotas alimentarias impagas, totales o parciales, dentro de un año, ya sean consecutivas o alternadas.
Para los casos de mayor gravedad, cuando se registren seis incumplimientos en ese período, se prevén sanciones adicionales.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Licencias de conducir: se limitaría la posibilidad de obtenerlas o renovarlas, con excepciones para quienes las necesiten para trabajar. En los supuestos más graves, esa excepción podría no aplicarse.
- Bienes: se contempla la inhibición general de bienes para las situaciones agravadas.
- Premios de juegos de azar: se impediría el cobro durante los 60 días posteriores a la incorporación al registro.
- Contratos con el Estado: se restringirían los pagos por servicios prestados bajo contratos durante ese mismo plazo.
- Cargos públicos: se establecerían impedimentos para determinadas designaciones, candidaturas provinciales o municipales y procesos de selección de cargos judiciales.
La aplicación de cada sanción dependerá de las condiciones que finalmente establezca la ley y de los procedimientos correspondientes.
Un nuevo registro para agilizar los reclamos
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación del Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, que funcionaría bajo la órbita del Poder Ejecutivo santafesino.
El objetivo es modificar el mecanismo actual, que depende de la Corte Suprema de Justicia provincial, y facilitar la incorporación de las personas alcanzadas por resoluciones judiciales vinculadas con obligaciones alimentarias.
La propuesta apunta a que la inscripción se realice de manera automática a partir de las decisiones judiciales, para reducir los trámites que hoy deben afrontar las familias al momento de reclamar el cumplimiento de las cuotas.
La diputada provincial Lucila De Ponti, una de las impulsoras del proyecto, cuestionó las dificultades del sistema vigente y sostuvo que muchas veces representa una carga administrativa importante para quienes necesitan exigir el pago.
De todos modos, la inscripción en el registro no implicaría por sí sola que una persona sea considerada deudora alimentaria. Para aplicar las restricciones, deberá existir una situación de morosidad determinada conforme a las normas judiciales correspondientes.
El proyecto también contempla mecanismos para revertir esa condición cuando se regularicen las obligaciones pendientes.
Consultas públicas y gratuitas
La reforma prevé que el registro pueda consultarse por medios electrónicos, de forma pública y gratuita. La intención es que tanto particulares como organismos y empresas puedan verificar la situación registral de una persona.
El acceso, sin embargo, tendría límites para proteger los datos personales: no se permitiría descargar masivamente la información ni que los resultados queden indexados en buscadores de internet.
Además, las empresas y los organismos obligados a consultar el registro contarían con un plazo de tres días hábiles para realizar la verificación y actualizar la información correspondiente.
Cuántos casos hay registrados en la provincia
De acuerdo con los datos mencionados por De Ponti durante la presentación de la iniciativa, el registro actual reúne alrededor de 2.400 casos de deudores alimentarios en Santa Fe.
La legisladora advirtió que el número podría no reflejar la totalidad de los incumplimientos, debido a las dificultades para iniciar y sostener los reclamos bajo el mecanismo vigente.
La propuesta busca simplificar esos procedimientos y reducir la carga que recae sobre las personas responsables del cuidado de los hijos, que muchas veces deben impulsar gestiones administrativas y judiciales para exigir el pago de las cuotas.
Qué falta para que sea ley
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto deberá pasar por el Senado santafesino. Hasta que no obtenga la sanción definitiva, las nuevas restricciones no entrarán en vigencia como parte de este régimen general.
Si la Cámara alta lo aprueba, la provincia avanzará con un sistema que combina un nuevo registro y sanciones destinadas a reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la Justicia.