El Gobierno de la Provincia de Santa Fe destruyó este miércoles 200 caños de escape de motos adulterados que habían sido secuestrados en distintos procedimientos vinculados al delito. El operativo se realizó en el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ubicado en Alvear, departamento Rosario.
La medida forma parte de la política que impulsa la gestión provincial para afectar la estructura económica de las organizaciones delictivas, evitando que los elementos incautados vuelvan a circular en el mercado ilegal.
Desde el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública explicaron que los caños de escape habían sido modificados de manera ilegal y generaban ruidos molestos que afectaban la convivencia en distintos barrios de la provincia.
El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, señaló que la destrucción fue posible luego de un trabajo de relevamiento sobre vehículos secuestrados que serían eliminados del circuito.
“Hemos separado 200 caños de escape, los cuales fueron adulterados y generaban disturbios a los vecinos de distintos barrios de la provincia”, indicó el funcionario.
Además, remarcó que la decisión de destruir estos elementos busca impedir que regresen al mercado ilegal.
“Como lo venimos haciendo desde el día uno de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a cada elemento secuestrado al delito le buscamos otro destino: algunos son subastados, otros donados y, en otros casos, destruidos”, afirmó.
Desde la Provincia recordaron que la política de administración de bienes decomisados contempla distintas alternativas según el tipo de elemento. Mientras algunos son reutilizados por organismos estatales o donados a instituciones de bien público, otros son subastados para generar recursos destinados al Estado. En el caso de los caños de escape adulterados, se optó por su destrucción definitiva para evitar que vuelvan a ser utilizados.
Con este tipo de acciones, el Gobierno provincial busca debilitar las economías del delito y garantizar que los bienes secuestrados tengan un destino que beneficie a la comunidad o, cuando representan un riesgo, sean eliminados de manera definitiva.