Según el ex Diputado Mario Lacava, la tarifa del servicio de agua potable en la provincia de Santa Fe, aumentó desde el 2008 al 2016 hasta el 100 por ciento las tarifas. Bajo cualquier paramentro comparativo para analizar los detalles de las tarifas, no se encuentra lógica. En relación al período no llega al 600 por ciento y los salarios no superan en el periodo el 550 por ciento.
El relevamiento fue hasta diciembre de 2016. En el años 2017 con el tarifazo acumuló un 70 por ciento de aumento de tarifas. Ante los parámetros del presupuesto provincial de Santa Fe año 2017, comprendía una inflación del 17 por ciento anual y un aumento salarial del 25 por ciento anual. Al mes de enero el desfasaje de tarifas fue del 40 por ciento.
“El gobernador dispone aumentar la tarifa en un 20 por ciento más, acumulará en total al mes de agosto, el 70 por ciento del aumento del agua. Los valores de referencia económicos son de un estudio sobre datos oficiales, no se trata de decir que no queremos pagar el agua, estamos fundamentando que la tarifa es irracionable, desproporcional e injusta”, sostuvo Lacava.
La Corte Suprema de Justicia, estableció criterios para dar respuesta a los tarifazos. Primero debe haber denuncias públicas, y debe resolverse en audiencia pública bajo los criterios de racionalidad, justicia y que la gente lo pueda pagar. En diciembre último hubo una audiencia pública no vinculante, y la Provincia no se hizo presente. La Corte sentenció que fue ilegal, y le suspendió el último aumento del 20 por ciento.
“Es por esto que impulsaremos desde todos los ámbitos, como la Defensoría del Pueblo para pedir que suspenda el tarifazo. Más una interpelación al Ministro Garibay en la Cámara de Diputados. También presentaremos un proyecto de Ley para que la audiencia publica entre los damnificados y la Provincia sea vinculante”, dijo Lacava.
“Todo en favor de la gente que no puede pagar las tarifas. Seguiré peleando porque la situación es indignante. El agua potable y cloacas, son los servicios públicos más trascendentes vicnculados a la salubridad. El Estado a través de las empresas, debe garantizar inversiones y tarifas accesibles. Deberían darnos agua gratis, o una tarifa acorde con un criterio distributivo de justicia. Ya que la tarifa es mixta. Se castiga a la gente, se castiga al bolsillo, es una situación fuera de control”, detalló el ex Diputado.
Y culminó: “El señor Gianfranco, Presidente de Assa, cree que es una empresa privada, y el precio del agua es el resultante de lo q ue cuesta producirla. No se puede seguir atropellando institucionalmente al pueblo. Hay que ponerle un freno”.