El nuevo Régimen Penal Juvenil ya está vigente en todo el país y establece que los adolescentes desde los 14 años pueden quedar alcanzados por la responsabilidad penal. El cambio también comenzó a aplicarse en Santa Fe y abre una nueva etapa para la Justicia Penal Juvenil. Para explicar sus alcances y despejar dudas, IRÉ entrevistó en vivo al abogado Sebastián Darrichón.
La modificación entró en vigencia el 5 de septiembre y bajó la edad de responsabilidad penal que anteriormente estaba establecida en los 16 años. Sin embargo, esto no significa que los adolescentes pasen a recibir automáticamente las mismas penas que los adultos.
“A partir de los 14 años uno es responsable”, explicó Darrichón durante la entrevista, y detalló que quienes quedan comprendidos por el nuevo régimen deberán atravesar un proceso penal juvenil específico.
Dos cambios que impactan en el sistema
El abogado explicó que hay dos modificaciones fundamentales para comprender el nuevo escenario: por un lado, el cambio en la legislación nacional que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y, por otro, las modificaciones vinculadas con el procedimiento penal juvenil en Santa Fe.
En la provincia, el sistema contempla procesos orales y públicos, con participación del fiscal, la defensa y los jueces. Además, Darrichón destacó que se amplió la participación de las víctimas, que pueden constituirse como querellantes.
“No existía la querella en términos de régimen penal juvenil y hoy también se le ha dado participación a la víctima y se puede constituir como querellante”, explicó.
El nuevo escenario también implica una mayor especialización de quienes intervienen en este tipo de procesos. Según señaló, se prepararon fiscales para unidades de menores y se designaron nuevos jueces especializados.
¿Los adolescentes tendrán las mismas penas que los adultos?
Uno de los principales puntos que buscó aclarar Darrichón fue una de las ideas que más circuló durante el debate por la reforma: que los adolescentes pasarían a recibir las mismas penas que los adultos.
“Se habló de que delitos de mayores, penas de mayores, pero esto no es así”, sostuvo el abogado.
Según explicó, el régimen penal juvenil establece un máximo de 15 años de pena, incluso cuando existe un concurso de delitos.
Además, el sistema mantiene un régimen especial de protección para los menores de 18 años, vinculado con la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior del niño y la resocialización.
Darrichón explicó que, al momento de evaluar la responsabilidad, también se consideran las condiciones particulares de cada persona y el contexto en el que ocurrió el hecho.
“A mayor formación, mayor exigibilidad, a menor formación y mayor vulnerabilidad, menor exigibilidad y por lo tanto el reproche penal es menor”, señaló.
El debate sobre si más castigo significa menos delitos
Durante el vivo de IRÉ también se abordó una de las discusiones centrales alrededor de la reforma: si bajar la edad de responsabilidad penal y aumentar las posibilidades de castigo permitirá reducir los delitos.
Para Darrichón, no existe una relación directa entre una mayor pena y una menor cantidad de delitos.
“Ya está socialmente y sociológicamente comprobado que no es así, que no hay una relación directa a mayor pena, menor delito”, sostuvo.
Desde su perspectiva, la prevención requiere trabajar también sobre la educación, la formación, las oportunidades y la reinserción social.
El abogado remarcó que el nuevo régimen contempla distintas alternativas destinadas al acompañamiento y la formación de los adolescentes, antes de llegar a la sanción penal como última herramienta.
“La última herramienta del Estado es el castigo”, afirmó.
Al mismo tiempo, reconoció que existe una preocupación social vinculada al uso de menores no punibles por parte de organizaciones narcocriminales, una cuestión que formó parte de los argumentos utilizados durante el debate por la reforma.
Un cambio que también interpela a las familias
Más allá del aspecto estrictamente judicial, Darrichón planteó que el nuevo régimen también debería generar mayor atención por parte de las familias.
Durante la entrevista mencionó situaciones como peleas entre jóvenes, conflictos a la salida de boliches, consumo de alcohol y hechos vinculados con la sexualidad como algunos de los escenarios que pueden derivar en consecuencias penales.
Por eso, al ser consultado sobre qué recomendación les daría a los padres, fue directo: “La escucha activa, fundamentalmente con los hijos, la charla permanente”.
Para el abogado, resulta fundamental que los adolescentes tengan la posibilidad de contar lo que les sucede y encontrar espacios de contención dentro de sus familias.
También remarcó que las consecuencias no se limitan a una eventual condena. Atravesar una causa penal implica controles, comparecencias ante la Justicia y un proceso que puede resultar especialmente complejo para un adolescente.
“Es grave desde el momento no solamente por la imposición de la pena, sino por atravesar un proceso penal”, explicó.
Una nueva etapa para la Justicia Penal Juvenil
La entrada en vigencia del nuevo régimen marca un cambio importante en el sistema penal juvenil. Desde ahora, los adolescentes de 14 y 15 años también pueden quedar alcanzados por la responsabilidad penal, aunque dentro de un régimen especial y con límites propios.
En Santa Fe, el desafío estará en observar cómo se implementan en la práctica estas nuevas disposiciones y cómo actúan los distintos operadores del sistema judicial.
Sobre este punto, Darrichón hizo una advertencia: “Es más importante que la ley cómo se lleva a la práctica”.
Así, mientras la nueva normativa ya se encuentra vigente, comienza una etapa en la que deberán verse sus efectos concretos y la manera en que las herramientas previstas por el régimen son aplicadas en cada caso.
Sebastián Darrichón repasó los principales cambios y puso el foco en una cuestión central para entender el nuevo escenario: la baja de la edad de responsabilidad penal a los 14 años no implica aplicarles a los adolescentes el mismo régimen de penas que a los adultos.