La Cámara de Diputados santafesina aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Gabiren Real, donde solicitó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que se abstenga de gestionar cobros en concepto de intereses punitorios por el período 2020/21 en todas las categorías de usuarios del servicio de energía eléctrica en la provincia.
El proyecto de Comunicación contempla que se proceda administrativamente con el trámite de calcular e imputar como pago a cuenta o crédito fiscal en favor de aquellos contribuyentes a los cuales se les haya facturado ese costo financiero y habiendo realizado el pago correspondiente se proceda con la conciliación económica pertinente poniendo en igualdad de condiciones a todos los contribuyentes.
“El valor de la unanimidad y del consenso muestra la coherencia en este tema, en un contexto que sigue siendo muy particular para el consumidor promedio. Le estamos solicitando una medida excepcional a la EPE, con claros fundamentos a partir de la situación de público conocimiento, es decir, de seguir transitando todavía un período caracterizado por un contexto económico, social y sanitario de crisis, y en el cual estamos convencidos de que no es momento de incorporar en el cuadro tarifario o en el sistema de facturación conceptos vinculados con el cobro de intereses punitorios”, expresó Gabriel Real.
Y continuó: “Si buscamos dar una oportunidad para regularizar deudas a un grupo importante de contribuyentes que tienen atrasos impositivos y de servicios, como consecuencia de que vieron afectados sus ingresos, el sentido común diría que debemos volver a plantear medidas extraordinarias en el marco de este contexto justamente extraordinario. Debemos también poner en una situación de igualdad de derechos a quienes ya hayan realizado algún pago de estas características y se le otorgue una compensación en su situación particular”.
En este sentido, las empresas prestadoras de servicios esenciales, y sobre todo siendo empresas estatales, deben ser objetivas en este punto y no pueden cobrar por sus servicios impagos o pagos fuera de término, en la mayoría de los casos involuntariamente, un costo financiero absurdo.
“En este momento se deben adoptar criterios solidarios y coherentes de funcionamiento, si no se pudo medir el consumo en su momento, si hubo y hay contribuyentes que recién ahora están viendo la posibilidad de normalizar y recuperar sus ingresos a niveles de pre pandemia, el Estado al reconocer esas situaciones, no puede cobrar `por si las dudas` o no se puede recurrir a un instrumento como el cobro financiero de intereses punitorios en este contexto de desorden global extraordinario”, finalizó el diputado provincial.