El Observatorio de Víctimas y los cinco Colegios de Abogados de la provincia, avanzaron este miércoles hacia la celebración de un convenio para tratar los proyectos de ley existentes en la Legislatura provincial, sobre Derechos y Garantías de las Víctimas y sus familiares en Audiencias Públicas.
En diálogo con IRE, el diputado provincial Oscar “Cahci” Martínez, explicó que para estas audiencias se convocará a los tres poderes del Estado provincial, entre ellos a los diputados y senadores que han presentado proyectos en este sentido, a expertos en esta temática a nivel nacional y provincial, a las Asociaciones de Víctimas y sus familiares y a los Colegios de Abogados, entre otros.
“Creemos necesario fortalecer las instituciones a la hora de reconocer los derechos humanos de las víctimas, actores olvidados del proceso. Actores que se encuentran atravesados por el delito por la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad, por no poder lograr resultados que eviten la impunidad y por ser ineficaces a la hora de garantizar que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Por eso es primordial la acción del Observatorio y la aprobación de una Ley provincial de Derechos y Garantías de las Víctimas”, señaló Martínez.
Para el Dr. Cesar Mayer, miembro fundador de Usina de Justicia, la provincia “no ha logrado aún una ley de víctimas acorde a la sancionada a nivel nacional, lo que es una enorme deuda social de la política, por no haber podido ponerse de acuerdo para sancionarla”.
“Cada hecho delictivo provoca una víctima. Son miles las víctimas que integran este colectivo, que al no existir ley, queda desprotegido. La ausencia de una ley de víctimas no es inocua, revictimiza a las víctimas que después de haber padecido el hecho delictivo se encuentran con que el Estado la desconoce, la posterga, la aplasta”, siguió Mayer.
Y abundó: “Tenemos que dejar claro que el asesoramiento, la asistencia legal y la posibilidad que pueda intervenir la víctima como particular damnificada, si así lo desea, son cuestiones urgentes que la ley debe resolver. La víctima o sus familiares deben ser parte en todas las etapas del proceso”.
En ese mismo sentido, Martínez coincidió: “Este colectivo que integran miles de santafesinos no está suficientemente protegido. Es muy difícil explicar por qué todavía no tenemos instituciones que, así como le garantizan al delincuente que tenga un abogado, que también lo tenga la víctima”.
“Hay mucha tarea por realizar, creo que esta ley es fundamental”, enfatizó el diputado y señaló la “enorme dificultad que tiene la provincia para que una causa llegue a juicio”, indicando que de alrededor de 1.160.000 causas, solo 518 terminaron en juicio y 9.500 terminaron por un juicio abreviado.
“Santa Fe es la provincia más insegura del país desde hace un tiempo largo ya”, enfatizó Martínez y resaltó: “Necesitamos avanzar en una Ley que proteja a las víctimas de delitos y a sus familiares, que se le brinde patrocinio letrado, que se le brinde desde el ámbito del Estado organismos que puedan atender situaciones desde el punto de vista psicológico y social, que son las vivencias que alguien atravesado por el delito suele afrontar”.
También afirmó que “para el ejercicio de estos derechos, es muy importante que participen los colegios de abogados, que tengan clara conciencia de cuáles son los derechos y garantías que hay que lograr que se le reconozcan a la víctima, para equilibrar la balanza”.
“Entendemos que los intereses de las víctimas deben ser considerados en el proceso, más allá de la Fiscalía, permitiendo que participen e incluso que puedan constituirse como querellantes. En la provincia hay momentos donde la víctima no participa del proceso penal, en instancias muy importantes como el archivo judicial de la causa, en el sobreseimiento, en los casos por flagrancia y en el proceso penal juvenil tampoco. Evidentemente esto tenemos que cambiarlo y venimos trabajando para que esto suceda”, finalizó el diputado provincial.