El gobernador Miguel Lifschitz ordenó someter a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo celebrado en diciembre último por el Ministerio de Infraestructura y Transporte y la firma Arssa, concesionaria de la autopista Santa Fe – Rosario. La decisión de Lifschitz está contenida en el decreto 1017 firmado también por el ministro del área, José León Garibay.
Al ministerio de Infraestructura se le encomendó llevar adelante en un plazo de 180 días la implementación de un procedimiento definitivo de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes o, incluso a terceros en la frustración del contrato.
También dispone la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de responsabilidad en la rescisión, así como los eventuales créditos y deudas recíprocos derivados de la extinción del referido contrato de concesión, debiéndose adoptar las medidas conducentes para mantener las garantías actualizadas a los fines de resguardar el resultado del mismo.
Por el decreto 5194 del pasado 30 de diciembre, el gobernador Lifschitz ratificó el convenio para la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión firmado por Garibay y Arssa. Dicho decreto fue fuertemente cuestionado por la oposición e incluso el bloque de diputados del Frente Justicialista para la Victoria denunció un perjuicio de 1.500 millones de pesos para la provincia. El decreto aún no había sido convalidado por el Tribunal de Cuentas que incluso pidió mayor información al propio Ministerio de Infraestructura.
En ámbitos legislativos se esperaba con suma expectativa el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas que finalmente no se produjo y a instancias del Fiscal de Estado, Pablo Saccone, ahora ordena revisar el contrato. La decisión de Lifschitz trascendió a pocas horas de que el Poder Ejecutivo conozca las ofertas de interesados en hacerse cargo de la concesión de la autopista aunque sin la responsabilidad de hacer las obras de repavimentación..
En los quince meses de la actual administración, el ministro Garibay fue citado en dos ocasiones por la Cámara de Diputados por el tema autopista. En una primera ocasión concurrió a la comisión de Obras Públicas y la siguiente a la presidencia de la Cámara donde se llevó serias advertencias de todo el arco político sobre los graves incumplimientos del concesionario así como sobre la falta de control del propio Estado.
“Fiscalía de Estado, que es el órgano de asesoramiento jurídico y de defensa legal del Poder Ejecutivo, se pronunció a favor de las denuncias que venimos sosteniendo con respecto a las irregularidades en la concesión de la autopista que a valores actuales, el monto de la obra no ejecutada alcanzaría 1.554,8 millones de pesos”, aseguraron los legisladores.
El bloque opositor reiteró el pedido “de que se declare la nulidad de todo lo actuado, generar la rescisión del contrato por incumplimiento de la concesionaria, hacer efectiva la garantía prevista en el contrato, aplicar las sanciones correspondientes a las empresas integrantes de la UTE que actuó como concesionaria, y deslindar las responsabilidades políticas y legales de las autoridades responsables del millonario perjuicio perpetrado en contra de los intereses de todos los santafesinos”.