La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios públicos de los tres poderes del Estado provincial.
La propuesta fue presentada en julio por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, y plantea que los controles alcancen a todas las personas que ejerzan cargos electivos o hayan sido designadas políticamente mientras se encuentren en funciones.
El proyecto sostiene que la medida busca convertirse en una herramienta de prevención del consumo de sustancias psicoactivas ilegales, además de fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía en los representantes del Estado.
Cómo serían los controles
De acuerdo con la iniciativa, los narcotests serían obligatorios y gratuitos. El primer examen debería realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción del cargo, mientras que posteriormente habría controles periódicos, con una frecuencia mínima de una vez al año.
Además, se prevén exámenes aleatorios mediante sorteo y la posibilidad de realizar controles ante denuncias que cuenten con fundamentos.
La aplicación de los estudios deberá respetar condiciones vinculadas con la confidencialidad, la dignidad de las personas, el derecho a defensa y la cadena de custodia de las muestras.
A quiénes alcanzaría
La obligatoriedad abarcaría al gobernador y vicegobernador, ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras.
También quedarían incluidos integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y organismos de control de la provincia. En tanto, otros agentes públicos provinciales podrían acceder a los exámenes de manera voluntaria.
Qué ocurriría ante un resultado positivo
El proyecto establece que un resultado positivo no tendría, por sí mismo, un carácter punitivo. En esos casos se prevé un abordaje interdisciplinario, con asistencia, orientación y una evaluación sobre la aptitud de la persona para continuar ejerciendo sus funciones.
A partir de esa evaluación podrían adoptarse medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas, según corresponda.
En cambio, la negativa injustificada a realizarse el examen sería considerada una falta grave y podría derivar en una suspensión preventiva, la apertura de un sumario o incluso la remoción, de acuerdo con los mecanismos establecidos por la legislación vigente.
Ahora deberá tratarlo Diputados
La iniciativa consiguió la media sanción del Senado, pero todavía no es ley. Para avanzar, deberá ser analizada y votada por la Cámara de Diputados de Santa Fe.
El debate sobre los controles cobró impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se realizara un narcotest y convocara a otros funcionarios de su gestión a someterse a estudios similares.