El juez penal José Boaglio dictó el sobreseimiento de Gino C., el adolescente que el 30 de marzo de 2026 ingresó armado a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a un compañero de 13 años. La resolución se conoció a pocos meses de cumplirse siete meses de un episodio que conmocionó a Santa Fe y tuvo repercusión nacional.
La medida fue adoptada luego de un planteo presentado por los abogados defensores del joven, Mariana Oroño y Federico Kiener. El argumento central fue que el adolescente tenía 15 años cuando ocurrió el ataque, por lo que no podía recibir una condena penal de acuerdo con el régimen legal vigente en ese momento.
El sobreseimiento no significa que la Justicia haya descartado su participación en el hecho, sino que establece que no puede ser condenado penalmente bajo las normas que correspondían aplicar al momento del ataque.
Un cambio en la legislación penal juvenil
La resolución se apoya en la normativa que regía cuando ocurrió el crimen, que establecía en 16 años la edad mínima de punibilidad. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, meses después el Congreso de la Nación modificó el régimen penal juvenil y redujo ese límite a los 14 años.
Sin embargo, el cambio legislativo posterior no modifica por sí solo la situación jurídica del adolescente respecto de un hecho ocurrido con anterioridad. Por eso, la decisión judicial se tomó en función de las disposiciones aplicables al momento del ataque.
A pesar del sobreseimiento, se establecieron medidas de seguimiento y resguardo con intervención estatal, por lo que la resolución no supone la ausencia de toda intervención sobre la situación del joven.
Un caso que dejó una profunda conmoción
El ataque en la escuela Mariano Moreno generó preocupación en la comunidad educativa y abrió interrogantes sobre los entornos digitales frecuentados por adolescentes.
En el marco de las investigaciones posteriores, se señalaron presuntos vínculos del joven con la denominada True Crime Community y con espacios extremistas en internet, entre ellos la red conocida como 764, asociada a contenidos violentos y a la glorificación de ataques.
A más de medio año del episodio, el caso continúa teniendo repercusiones en San Cristóbal, mientras persiste la preocupación por las situaciones de violencia y las amenazas que pueden afectar a las comunidades escolares.