El Tribunal Oral Federal de Paraná dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a 12 años de prisión a Leonardo Roberto Airaldi, el productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante que fue considerado responsable de organizar y financiar una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.
El fallo, de más de 300 páginas, reconstruyó el funcionamiento de la organización y describió un esquema que, de acuerdo con los jueces, tuvo actividad entre 2019 y 2024 y se extendió desde distintos puntos de Entre Ríos hacia Puerto Gaboto y Rosario, utilizando recursos terrestres, fluviales y aéreos.
La causa tuvo para la región un punto clave en Puerto Gaboto, donde el 10 de agosto de 2022 fueron secuestrados 29,5 kilos de cocaína en una vivienda. Aquel procedimiento había comenzado por una investigación completamente diferente: una denuncia por violencia de género contra un empleado rural vinculado a Airaldi.
El hallazgo que cambió la investigación
La investigación en Gaboto comenzó a partir de una denuncia contra un puestero que trabajaba para Airaldi. Durante el procedimiento realizado en su vivienda, los investigadores encontraron la droga y el caso pasó a tener una dimensión mucho mayor.
Según la acusación fiscal, la vivienda funcionaba como uno de los puntos utilizados para el almacenamiento de los estupefacientes, mientras que la logística también involucraba un establecimiento rural ubicado en la zona de islas de Diamante.
La causa santafesina terminó vinculándose con otra investigación iniciada en Entre Ríos, que había comenzado años antes y que apuntaba al funcionamiento de una organización dedicada al tráfico de drogas.
En los fundamentos conocidos ahora, el tribunal consideró que ambos expedientes permitieron reconstruir una misma actividad delictiva de organización y financiamiento, con conexiones que atravesaban el río Paraná y alcanzaban territorio santafesino.
Campos, islas y una pista clandestina
Uno de los aspectos destacados por los jueces fue la infraestructura que, según la sentencia, Airaldi habría puesto a disposición de la organización.
El tribunal sostuvo que el condenado utilizaba establecimientos rurales, una isla, empresas, vehículos, embarcaciones y combustible para aeronaves para facilitar las distintas etapas de la actividad investigada.
Entre los elementos valorados apareció además una pista clandestina de aterrizaje ubicada en uno de sus establecimientos rurales. Para los jueces, su existencia quedó acreditada mediante informes de organismos especializados, tareas de vigilancia, testimonios, comunicaciones telefónicas y otros elementos incorporados durante el debate.
De esta manera, los fundamentos describieron una estructura que no dependía de un único medio de transporte, sino que combinaba rutas terrestres, navegación por el Paraná y operaciones aéreas.
El particular lenguaje utilizado en las comunicaciones
Las intervenciones telefónicas y los mensajes extraídos de los teléfonos secuestrados tuvieron un peso importante en la investigación.
Según los fundamentos, los integrantes de la organización utilizaban palabras en clave para referirse a distintos elementos de las operaciones. La Justicia interpretó términos como “carne”, “lomo”, “novillo” o “cordero” como referencias a estupefacientes.
También aparecieron expresiones como “pájaro” o “pajarraco” para mencionar avionetas, mientras que “veterinarios” era utilizado para referirse a los pilotos. Las maniobras de llegada y descarga eran mencionadas como “vacunadas”.
Entre las comunicaciones analizadas también apareció la expresión “novillito lastimado”, utilizada para referirse a un ladrillo de cocaína que había sufrido daños.
El tribunal consideró que esas conversaciones permitieron establecer vínculos, tareas y niveles de subordinación dentro de la estructura.
El rol que le atribuyó la Justicia
En los fundamentos, los jueces sostuvieron que Airaldi tenía un rol dirigencial y jerárquico dentro de la organización. Según el tribunal, era quien impartía directivas, distribuía tareas y planificaba y financiaba las operaciones.
También consideraron que sus recursos económicos y su posición dentro de la actividad rural le permitían poner a disposición de la estructura distintos bienes y espacios.
La sentencia señaló además que las comunicaciones continuaron incluso durante el período en que Airaldi estuvo detenido desde 2022, y que desde allí habría seguido impartiendo instrucciones a integrantes de la organización.
Una causa que terminó cruzando el Paraná
El vínculo con Puerto Gaboto fue uno de los elementos que permitió ampliar la dimensión territorial del expediente.
El tribunal sostuvo que la organización investigada no se limitaba a Entre Ríos, sino que tenía un despliegue que se proyectaba hacia la provincia de Santa Fe a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, con conexiones en Puerto Gaboto y Rosario.
Así, una investigación que comenzó en Gaboto por una denuncia de violencia de género terminó integrada a un expediente federal mucho más amplio, en el que se reconstruyó una estructura que, según la Justicia, utilizaba campos, islas, viviendas, embarcaciones y aeronaves para movilizar y almacenar droga.
Airaldi había sido condenado el 13 de agosto a 12 años de prisión como autor del delito de organización y financiamiento de actividades de tráfico de estupefacientes, además de una multa de 118.404.000 pesos. La fiscalía había solicitado una pena de 14 años.
La sentencia también alcanzó a otros integrantes de la causa, con seis condenas de entre 3 años en suspenso y 6 años y 8 meses, mientras que otras dos personas fueron absueltas.
El caso de Airaldi, además, continúa teniendo derivaciones judiciales por otra investigación en la que se analiza su presunta participación en un plan para atentar contra funcionarios judiciales y de seguridad de Entre Ríos. Actualmente permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.