La investigación se desató tras una denuncia presentada por la AFIP-DGI sobre irregularidades en una empresa dedicada a la distribución de bebidas alcohólicas. Según las autoridades, esta empresa había implementado tácticas para evitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La estrategia incluyó la transferencia de activos y bienes a otras empresas del mismo grupo económico, lo que les permitió declararse insolventes y evadir deudas con el fisco, incluyendo IVA, impuesto a las ganancias y bienes personales, entre 2018 y 2023.
La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, liderada por la Dra. María Luján Rotetta, tomó el caso y delegó la investigación en la División Lavado de Activos. Con el respaldo de pruebas sólidas recopiladas durante la investigación, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de La Plata, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, emitió órdenes de allanamiento en diversas localidades.
Los operativos se llevaron a cabo simultáneamente en Rosario, Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Berazategui y Hudson. Durante estos procedimientos, se logró la imputación de una mujer y su hijo, quienes están relacionados con las operaciones de la cervecería. La magnitud de las maniobras ilegales quedó expuesta a medida que avanzaba la investigación.
Además de las imputaciones, se secuestró una gran cantidad de documentación que evidencia la relación de la firma con otras tres empresas del mismo grupo, ocultando su vínculo para llevar a cabo las maniobras fraudulentas. También se accedió a información de cuentas bancarias utilizadas para pagos y movimientos financieros sospechosos, así como a un software de gestión administrativa que podría ser clave para entender la magnitud del esquema.
En total, las fuerzas de seguridad incautaron 40 equipos informáticos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras y discos rígidos. También se recuperaron 26,600 dólares y más de 25 millones de pesos, junto con documentación contable de gran relevancia para la causa.
La operación fue respaldada por un equipo multidisciplinario que incluyó personal del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA), así como agentes de la Dirección Regional La Plata de la AFIP y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los imputados, junto con los elementos decomisados, están ahora a disposición del juez encargado del caso, enfrentando posibles consecuencias legales por infracciones a la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario.