Los abogados que representan a los herederos de Andrés “Pillín” Bracamonte presentaron un recurso para intentar revertir el decomiso de parte del patrimonio del exjefe de la barra brava de Rosario Central, asesinado a tiros el 9 de noviembre de 2024 en inmediaciones del Gigante de Arroyito.
El planteo fue presentado ante el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario por los penalistas Carlos Varela y Adrián Martínez, quienes cuestionaron la decisión del juez Carlos Vera Barros y pidieron que se suspenda mientras se revisa la medida.
El decomiso alcanza a una camioneta Ford Ranger, una vivienda ubicada en Álvarez Thomas al 1800 y las participaciones societarias que Bracamonte tenía en seis firmas: ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
En su presentación, los abogados sostuvieron que no se demostró de manera concreta que los fondos utilizados para adquirir esos bienes tuvieran un origen ilícito. También señalaron que la decisión afecta los derechos de los herederos, al disponer la pérdida definitiva de los activos.
Cuestionamientos al proceso judicial
Otro de los argumentos de la defensa apunta al desarrollo de la investigación por presunto lavado de activos. Según indicaron los abogados, Bracamonte nunca fue citado a declaración indagatoria en el expediente federal ni tuvo oportunidad de defenderse frente a los hechos con el alcance que adquirió la causa.
La investigación atravesó un conflicto de competencia entre la Justicia provincial y la federal. De acuerdo con el escrito, la Corte Suprema resolvió esa disputa en diciembre de 2025, mientras que el objeto procesal quedó delimitado el 28 de agosto de 2026.
Los defensores también recordaron que, en una instancia anterior, la Cámara de Apelaciones de la Justicia provincial había revocado la prisión preventiva de Bracamonte al considerar que la acusación por lavado de activos no superaba el plano de las conjeturas.
A partir de esos planteos, Varela y Martínez solicitaron que el juez revoque el decomiso. Como alternativa, pidieron que se conceda la apelación para que la decisión sea revisada por un tribunal superior.
Ahora, Vera Barros deberá resolver el recurso presentado por los representantes de los herederos.