La historia de Mariano Ríos Artacho volvió a ocupar el centro de la escena judicial, aunque esta vez por una investigación de una magnitud mucho mayor. El exfiscal de 42 años fue detenido y posteriormente imputado como presunto jefe de una asociación ilícita, acusado de participar de un esquema que habría permitido retirar unos $425 millones de cuentas judiciales durante varios años.
El dinero provenía de expedientes en los que se habían depositado fianzas, cauciones y fondos secuestrados. Eran recursos que se encontraban bajo custodia de la Justicia y que, de acuerdo con la acusación, fueron utilizados de manera irregular.
Pero la investigación tiene un elemento particular: el destino que habría tenido buena parte de ese dinero.
Según la hipótesis de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, Ríos Artacho atravesaba una adicción al juego y habría utilizado parte de los fondos para apostar en casinos y realizar inversiones bursátiles. El propio exfiscal reconoció durante la audiencia que tenía un problema con el juego y vinculó esa situación con las maniobras que ahora son investigadas.
La acusación sostiene que el mecanismo no consistía simplemente en retirar dinero de una cuenta. Habría existido una estructura destinada a obtener los fondos, distribuirlos y, cuando era necesario, volver a colocar efectivo para que los faltantes no quedaran expuestos.
Cómo habría funcionado la maniobra
La investigación apunta a varias personas que presuntamente habrían prestado sus identidades y cuentas bancarias para recibir el dinero.
La Fiscalía sostiene que Ríos Artacho tenía un rol central porque, desde su posición dentro de la Unidad de Delitos Económicos del MPA, podía intervenir sobre las cuentas vinculadas con expedientes judiciales y autorizar movimientos mediante los oficios correspondientes.
Una de las claves del expediente está en lo que ocurría después. Cuando una causa se acercaba a una instancia en la que los fondos podían ser revisados, presuntamente se intentaba reponer el dinero faltante.
En esa parte de la maniobra aparece el abogado penalista Emilio Barcacia, señalado por los investigadores por concurrir a bancos para depositar efectivo y recomponer saldos.
El procedimiento habría permitido mantener las cuentas aparentemente en orden durante determinados momentos y disponer nuevamente del dinero después.
La caída de un fiscal que ya estaba cuestionado
El nuevo expediente no es el primer problema que enfrentó Ríos Artacho durante su paso por el Ministerio Público de la Acusación.
Su salida de la Fiscalía se produjo en junio de 2024, después de una serie de cuestionamientos a su desempeño. Había cumplido previamente una suspensión de 60 días sin goce de sueldo impuesta por la Legislatura por mal desempeño.
Uno de los episodios que más peso tuvo estuvo relacionado con un Mercedes-Benz secuestrado durante una investigación por una estafa económica.
El vehículo debía permanecer bajo resguardo judicial, pero tiempo después apareció en poder del comisario Álvaro Rosales. El policía estaba atravesando, además, una investigación por una denuncia de abuso sexual.
El dato que comprometió al entonces fiscal fue que el automóvil había quedado vinculado a él durante el procedimiento y posteriormente terminó en manos del comisario, una persona con quien mantenía una relación de amistad.
El episodio generó un fuerte cuestionamiento sobre la actuación de Ríos Artacho y terminó formando parte de los antecedentes que llevaron a su sanción.
Antes de que el proceso pudiera derivar en su destitución, renunció a su cargo de fiscal y pasó a ejercer como abogado.
Un auto, un hombre buscado y otra investigación
A esa historia se agregó otro episodio que mantuvo su nombre bajo observación.
Un Chevrolet Cruze que figuraba a nombre de Ríos Artacho fue utilizado por Juan José Raffo, un exsuboficial condenado por su colaboración con Los Monos.
Raffo fue detectado utilizando el vehículo cuando se dirigió al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Miami, mientras era seguido en una investigación federal vinculada con la actividad de la organización criminal en el cordón industrial.
Ríos Artacho sostuvo que había vendido el automóvil al comisario Rosales y que desconocía cómo había terminado en poder de Raffo.
El episodio abrió nuevos interrogantes, especialmente porque el exfiscal había tomado conocimiento de que el vehículo aparecía mencionado en una investigación federal que tenía carácter reservado.
El exfiscal volvió al centro de la escena
Después de abandonar la función pública, Ríos Artacho pasó a desempeñarse como abogado y mantuvo durante un tiempo un perfil mucho más bajo.
Su nombre volvió a aparecer públicamente en las últimas semanas al asumir la defensa del acusado por el femicidio ocurrido en una farmacia.
Poco después llegó el operativo que terminó con su detención.
La Policía Federal realizó allanamientos en Rosario y distintas localidades de Córdoba, en una investigación que derivó en nueve detenidos y el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.
Ahora, Ríos Artacho enfrenta una acusación mucho más grave: para los fiscales, no se trató de hechos aislados, sino de una estructura que habría funcionado durante años alrededor del dinero depositado en expedientes judiciales.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió con los $425 millones señalados en la investigación, cómo se realizaron los movimientos, quiénes participaron y qué responsabilidad tuvo cada uno de los involucrados.
Por el momento, se trata de una investigación en curso y de imputaciones que deberán ser acreditadas judicialmente.