La investigación por microtráfico en Pueblo Andino avanzó este martes con la audiencia imputativa de las cinco personas que habían sido detenidas durante los allanamientos realizados el 1° de octubre. El fiscal Diego Giro les atribuyó distintos grados de participación en una presunta estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.
Como resultado de la audiencia, el juez de primera instancia Carlos Gazza dispuso la prisión preventiva efectiva por seis meses para Pablo T., señalado por la Fiscalía como quien habría ejercido el rol de dirección y coordinación de la actividad. Para Gianela A., Morena F., Fernando T. y Natalia T., en tanto, se establecieron medidas alternativas hasta el 3 de febrero de 2027.
Entre esas medidas se encuentra la obligación de fijar domicilio, realizar una firma quincenal en la comisaría correspondiente, la prohibición de ingresar a Pueblo Andino, salir de la provincia sin autorización, tener estupefacientes o armas y mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con los demás imputados.
La investigación que había comenzado con los allanamientos
El avance judicial se conoce cinco días después del operativo que IRÉ había informado el 1° de octubre, cuando Prefectura realizó múltiples allanamientos en distintos domicilios de Pueblo Andino.
En aquella oportunidad fueron detenidas cinco personas, dos hombres y tres mujeres, y se secuestraron cinco motocicletas, material estupefaciente, dinero en efectivo, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con vehículos. La investigación, según se había informado entonces, llevaba varios meses y una venta detectada había permitido avanzar sobre distintos integrantes y llegar a los procedimientos.
Ahora, con la imputación, la Fiscalía precisó que atribuye a los cinco una actividad de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico, que habría ocurrido al menos desde mayo de 2026 y hasta el 1° de octubre, cuando fueron aprehendidos.
Qué rol le atribuyen a cada uno
De acuerdo con la acusación fiscal, Pablo T. habría tenido el papel central: impartía directivas, controlaba los distintos puntos de venta, gestionaba el abastecimiento de droga y exigía la rendición del dinero obtenido mediante las ventas.
A Gianela A., hermana de Pablo, le atribuyen tareas de coordinación entre él y quienes realizaban las ventas, además de participación directa en la comercialización y administración de parte de la recaudación.
Según la Fiscalía, Morena F. realizaba ventas y coordinaba entregas con compradores, además de reunir dinero y comprobantes de transferencias para entregarlos posteriormente.
Por su parte, Fernando T., también hermano de Pablo y Gianela, habría participado en la venta y entrega de dosis, además del manejo del denominado celular utilizado para las ventas.
Finalmente, Natalia T., madre de Pablo, Gianela y Fernando, habría aportado su domicilio para tareas vinculadas con el resguardo y fraccionamiento del material. En ese inmueble se secuestraron una balanza y 31 recortes de bolsas plásticas.
Dinero, droga y motos con pedido de secuestro
Los allanamientos del 1° de octubre también dejaron una serie de elementos que ahora forman parte de las imputaciones.
Entre los domicilios registrados se secuestraron $1.061.100 en efectivo y 100 dólares, además de celulares, siete cartuchos calibre 32 y distintas motocicletas.
La Fiscalía también atribuyó delitos de encubrimiento relacionados con algunos de esos vehículos. Entre ellos aparecen una Corven Triax 250 y una KTM Duke 250 con pedidos de secuestro vigentes por robos, además de una Benelli 135 y una Honda Wave con sus numeraciones identificatorias suprimidas.
De esta manera, el operativo que IRÉ había informado el 1° de octubre como una investigación en curso ahora tiene un nuevo capítulo judicial: los cinco detenidos fueron imputados, uno quedó en prisión preventiva y la Fiscalía expuso ante la Justicia cómo habría funcionado, según su hipótesis, la presunta red de comercialización en Pueblo Andino.
