El panorama actual de la colonia psiquiatrica refleja que de 35 personas derivadas del sistema penal, 27 no tienen criterio de internación, y 26 de ellas cuentan con custodio. Un contexto complejo y que pone en jaque al sistema de salud. Esta semana, luego del reclamo de los trabajadores, hubo una reunión entre autoridades de los ministerios para tratar la compleja problematica.
El lunes pasado, la Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental, Lucrecia Faccioli, la Defensora Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, el Defensor Regional de Rosario, Martín Riccardi, la Defensora Pública, Andrea Siragusa, junto con sus respectivos equipos, fueron recibidos por la Directora del Hospital, Mariana Chidichimo, y miembros del Consejo de Administración.
El objetivo principal fue abordar la situación de las personas con procesos penales que se encuentran internadas en el hospital “sin criterio clínico adecuado y que están bajo custodia policial y/o del servicio penitenciario”.
De manera alarmante, los informes de los equipos interdisciplinarios del nosocomio revelaron que de las 35 personas internadas con procesos penales, 27 no presentan criterio clínico de internación. Además, 26 de ellas se encuentran bajo custodia, compartiendo espacios con personas que sí requieren internación por padecimientos mentales.
Ante esta compleja situación, ambos organismos provinciales competentes decidieron unir fuerzas para buscar soluciones que respeten los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas.
Las autoridades de la colonia de Oliveros fueron contundentes al afirmar que “es imperativo seguir trabajando en conjunto para encontrar alternativas que garanticen una atención adecuada y una correcta aplicación de la ley, al mismo tiempo que se salvaguardan los derechos de las personas con problemas de salud mental y se evita la sobrepoblación carcelaria”.
Esta unión entre la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental y la Defensoría Provincial del Servicio Público Provincial de Defensa Penal demuestra el compromiso conjunto de ambas entidades para abordar esta problemática urgentemente.
Como conclusión, se espera que, a través de un enfoque interdisciplinario y colaborativo, se puedan encontrar soluciones efectivas y sostenibles que mejoren la situación en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros y garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas involucradas.
