Los trabajadores de la colonia psiquiatrica se encuentran en asamblea permanente, mañana decidieron trasladar la reunión al frete de la institución en ruta 11 para volantear y trasladarle a los conductores cual es su situación y los pedidos de mejoras. Que radican sobre todo en un mensaje claro: Hospital, no cárcel.
El hospital psiquiátrico de Oliveros se encuentra en una compleja situación y los trabajadores piden ser escuchados. “En este momento en la colonia tenemos un volumen entre 125 a 130 pacientes, de los cuales 37 son usuarios ingresados con orden judicial, de los cuales 25 no tienen criterio de internación”, enfatizó para plasmar el panorama una asesora legal.
Los reclamos se suman pero fundamentalmente se le solicita al ministerio de Seguridad, Justicia y Salud que coordinen protocolos de trabajo y que se respete la decisión del equipo interdisciplinario de evaluación a la llegada de los pacientes penitenciarios, y en casi de no tener criterios de internación que continúen su proceso legal en el sistema de cárceles.
Sin criterio de internacion
En el piso de IRE describieron la situación Marino Oliva, supervisor de enfermería de la colonia psiquiátrica y Valentina Irure, abogada de una de las salas de detenidos.
Oliva describió: “Venimos realizando asambleas con muy buena participación. Estamos dispuestos al cambio que se está viviendo en el hospital, pero con la certeza del no a la cárcel. Hay situaciones que son de público conocimiento: muchos pacientes, entre comillas, alojados en el hospital, personas con conflicto con la ley”. Y se sinceró: “Nos está superando en el tema del cuidado”.
El supervisor de la colonia describió cómo es el protocolo de ingreso de pacientes: “Cuando ingresa el usuario, que es mandado por un juez, llega inclusive con la orden de internación. Nosotros, como a todo paciente se le hace un comité de admisión donde trabaja un equipo interdisciplinario compuesto por el psicólogo, psiquiatra, trabajadores sociales, abogados, enfermería, donde se dictamina en ese equipo ampliado, si tiene o no criterio de internación”.
El mayor reclamo que hacen los trabajadores es que hoy el resultado de esa evaluación no tiene impacto en nla decisión de la justicia, y el interno queda alojado de todos modos: “En el hospital hoy por hoy tenemos 25 usuarios, 25 pacientes con conflictos con la ley, que no tienen criterio de internación”, cuestionó.
Por su parte, Valentina Irure, abogada de la sala de detenidos amplió: “Las internaciones pueden ser voluntarias o judiciales. Las voluntarias tiene una via y las judiciales son determinadas por una orden de un juez”. Desde esa perspectiva es que los empleados de la salud piden que se respete la decisión sanitaria para permanecer en el nosocomio.
Luego, la abogada ahondó: “Esta orden con la que ingresa judicialmente es una orden de internación. Antes venía con una orden de evaluación, con lo cual eso nos permitía a nosotros hospital brindar cuidado de carácter sanitario, no otro, lo que no quiere decir que no tenga criterio de tratamiento, que no es lo mismo”. En ese caso, el usuario regresaría al cuidado penitenciario para continuar su terapia con los profesionales de la salud del sistema procesal.
En consecuencia, la doctora enfatizó: “Lo que se discute en este momento es el del recurso humano. Nosotros en la colonia no estamos contando con una cantidad de recursos humanos, es decir enfermeros, operarios, médicos. Entonces, lo importante sería que ese recurso humano propio del ámbito sanitario sea dedicado a esta gente que sí tiene criterio de internación, que sí tiene un padecimiento mental y que sí requiere todos esos cuidados”.
Y la postal tomó claridad cuando plasmó las cifras: “Nosotros en este momento tenemos un volumen entre 125 a 130 pacientes, de los cuales 37 son usuarios ingresados con orden judicial, de los cuales 25 no tienen criterio de internación”.
En medio de los reclamos que derivaron en la asamblea con volanteada en la ruta mañana desde las 11 de la mañana, los trabajadores de la salud le enviaron una carta con sus pedidos a la dirección de salud mental, al jefe provincial de Enfermería, la supervisora de enfermería nodal, también al ministerio de Salud, de seguridad, de Justicia y a la oficina de Gestión Judicial.