El sector del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados plantó bandera antes la confirmación de los términos en la rescisión del contrato con la última empresa que concesionó Autopista Rosario Santa Fe. Pidieron explicaciones a funcionarios provinciales donde no se descarta la citación al Ministro de Infraetsructura y destacaron lo que debería haber hecho ARSSA y el gobierno “pasó por alto”.
Héctor Cavallero, Roberto Mirabella, Silvia Simoncini, Germán Bacarella y Patricia Chialvo se pronunciaron en éste pedido de explicaciones al gobierno de Miguel Lifschitz, luego de culminado el proceso legal “Déjese establecido que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes”, afirma el texto oficial y que “no existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue”.
En consecuencia desde Diputados señalaron: “Desde nuestro espacio, recordamos que desde un principio definimos como un verdadero escándalo que el decreto de rescisión haya sido firmado el último día hábil de 2016, y no esté sustentado en dictámenes jurídicos. En el mismo sentido, advertimos sobre las irregularidades en el contrato con ARSSA para la repavimentación de la autopista Rosario – Santa Fe y el mal estado por la falta de mantenimiento.”
Y destacaron los incumplimientos de ARSSA: “En los primeros cinco años de los diez que duraba la concesión solo repavimentaron 75 km. Después de mediatizarse e instalarse la preocupación, en abril del año pasado, Fiscalía de Estado que es el órgano de asesoramiento jurídico y de defensa legal del Poder Ejecutivo, se pronunció a favor de las denuncias que veníamos sosteniendo los diputados que integramos en bloque Frente Justicialista para la Victoria (PJ), con respecto a las irregularidades en la concesión de la Autopista Santa Fe-Rosario que, a valores actuales, el monto de la obra no ejecutada alcanzaría $1.554,8 millones”.
No obstante el 1 de febrero, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz con los informes técnicos, económicos y jurídicos de las empresas privadas Gueydan y Cassagne firmó el decreto 90. Las observaciones de los privados sirvieron para que el fiscal de Estado, Pablo Saccone, dictaminara en el mismo sentido, considerando que en el contexto descripto “no cabía asignar la responsabilidad por la extinción a ninguna de las partes”, y que la rescisión por mutuo acuerdo era “la más razonable”.
En ese sentido, desde el sector solicitaron al funcionario a cargo para sacarse las dudas: “Desde el bloque Frente Justicialista para la Victoria (FJV) vamos a citar al recinto al ministro de infraestructura y transporte, José Garibay para que dé explicaciones, sobre este nuevo decreto, que exime de culpas y deudas a la concesionaria, sobre la base de la opinión de un abogado y un ingeniero, contratados sin concurso, ambos del ámbito privado, y no haciendo intervenir a los prestigiosos institutos, de carácter público, dependientes de la UNL, UNR Y UTN”.