Este lunes el gobierno oficializó la prórroga por 60 días en la prohibición de los despidos sin causa o bajo pretexto de fuerza mayor, “ante las excepcionales circunstancias de emergencia y de aislamiento social” en las que se encuentra el país.
La medida permite la suspensión de empleados que no hayan concurrido a sus lugares de trabajo por la cuarentena, a los cuales se les deberá abonar hasta el 75% del salario neto.
Se trata de suspensiones que se efectúen en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo: las pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación.
El Poder Ejecutivo señaló que tanto la Unión Industrial Argentina (UIA) como la CGT “han solicitado la renovación del plazo por sesenta días”, ya que la medida estuvo vigente durante los últimos dos meses.
“Manteniéndose la situación de emergencia que diera lugar a su dictado, corresponde acceder a la prórroga requerida”, aclaró la Casa Rosada.
La UIA y la CGT recomendaron al Gobierno “la homologación automática de las suspensiones pautadas a través del mecanismo del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”, a raíz del “impacto favorable para trabajadores y empresas, el sostenimiento de los puestos laborales y la protección social derivada de la conservación de la relación de trabajo”.
“Entendemos que resulta necesario promover el dictado de nuevas normas que sostengan los lineamientos oportunamente propuestos, como pautas razonablemente posibles de protección, así como su ágil implementación en todo el territorio nacional, para preservar las unidades productivas con su dotación de empleo, evitando de este modo, tanto las desvinculaciones de personal como el cierre de las empresas”, resaltaron ambas entidades.
Fuente: Aire Digital