La provincia de Mendoza dispuso a través del Decreto 297/2020 que toda persona que no cumpla con la cuarentena obligatoria deberá trabajar para el Estado de manera gratuita. La cifra de detenidos en esta provincia supera los 1300.
La Justicia provincial mendocina resolvió que aquellas personas que no tengan antecedentes penales tendrán que realizar trabajo comunitario en hospitales, comisarías o municipios.
Sin embargo, todo aquel que tenga antecedente penal tendrá “prisión efectiva, con penas que van de seis meses a dos años de prisión”, según explicó el Procurador General provincial, Alejandro Gullé.
“En los casos en que los imputados por violar la cuarentena no aparezcan como acusados de algo doloso o buscados, trabajarán gratis para el Estado”, señaló Gullé.
Además explicó que “el 90 por ciento de los ya 1.355 detenidos -hasta el mediodía del domingo-, son gente joven de 18 a 30 años, en plena edad laboral, que si se los condena, peligra la posibilidad de trabajar”.