El Senado de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados. Esta ley representa un aumento en los fondos destinados a las universidades del país, con un costo fiscal estimado en 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a aproximadamente $738.595 millones. La aprobación se logró con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculo que este incremento en el financiamiento será esencial para mejorar la infraestructura y los recursos educativos en el sistema universitario argentino. La aprobación se logró con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
Este aumento en el presupuesto universitario no estuvo exento de controversia. El Gobierno, que ya había mostrado su preocupación por el impacto fiscal de la medida, indico que podría vetar el proyecto si considera que no cuenta con los recursos necesarios o que afecta el equilibrio fiscal del país.
En paralelo, el Senado también abordó una cuestión de alta sensibilidad política: el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asignaba fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia (Side). Esta decisión, que se produjo al cierre de la sesión y por primera vez se rechazó un decreto presidencial en la Cámara Alta. La votación resultó en 49 votos a favor del rechazo, 11 en contra y 2 abstenciones.
El rechazo del DNU fue impulsado por un acuerdo entre los senadores de oposición, quienes argumentaron que la asignación de estos fondos reservados debía ser revisada con mayor transparencia y supervisión.