El Gobierno nacional avanzó con la implementación del arancelamiento de la atención sanitaria para extranjeros no residentes en los establecimientos de salud administrados por el Estado Nacional. El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, reglamentó el procedimiento operativo previsto a partir de la reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo en 2025.
La medida se apoya en el DNU 366/2025, publicado en mayo del año pasado, que modificó la Ley de Migraciones y estableció que, fuera de las situaciones de emergencia, los extranjeros que no sean residentes permanentes deberán contar con un seguro de salud o afrontar previamente el costo de las prestaciones en los hospitales nacionales.
Cómo funcionará el cobro
El nuevo esquema contempla dos alternativas para las personas extranjeras no residentes que requieran una atención sanitaria habitual.
Si cuentan con un seguro de salud, el establecimiento podrá facturar las prestaciones directamente a la compañía aseguradora correspondiente. En caso de no disponer de cobertura, la persona deberá abonar previamente el servicio para acceder a la atención que no tenga carácter de emergencia.
En cambio, quienes tengan residencia permanente en Argentina mantendrán el acceso al sistema público de salud en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos. Para acreditar esa condición deberán presentar el DNI correspondiente.
Las emergencias seguirán siendo atendidas
Uno de los puntos centrales de la normativa es que la atención de emergencia no podrá ser rechazada ni demorada por cuestiones migratorias o administrativas.
El DNU establece que, ante una emergencia, cualquier extranjero debe recibir asistencia sanitaria independientemente de su situación migratoria. La prioridad será estabilizar y atender al paciente.
Sin embargo, una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores pueden quedar alcanzadas por el régimen de cobro establecido para quienes no sean residentes permanentes.
Una política que el Gobierno ya había impulsado en 2025
La decisión forma parte de la reforma migratoria implementada por el Gobierno de Javier Milei en mayo de 2025. El Ejecutivo justificó entonces los cambios en la necesidad de reforzar el control migratorio y evitar lo que definió como un uso abusivo de servicios públicos por parte de extranjeros que ingresan al país para recibir determinadas prestaciones.
Según los fundamentos del DNU, el Ministerio de Salud había estimado para 2024 un gasto de $42.000 millones en consultas de inmigrantes en hospitales nacionales y de $72.000 millones en egresos hospitalarios de extranjeros. El propio decreto señaló que esos egresos representaban el 10,58% del total registrado en los hospitales alcanzados por el análisis.
La normativa también modificó el régimen de ingreso al país y estableció que los extranjeros deberán declarar, entre otros aspectos, que cuentan con un seguro de salud para afrontar sus necesidades médicas durante su permanencia.
El debate volvió a instalarse tras el Mundial
La discusión sobre el acceso de extranjeros a la salud y la educación pública volvió a tomar fuerza durante 2026. Después de la polémica generada tras la final del Mundial, dirigentes de La Libertad Avanza impulsaron en la Legislatura bonaerense un proyecto para establecer el arancelamiento de la atención sanitaria y de la educación superior para extranjeros sin residencia permanente.
La iniciativa provincial es independiente del esquema nacional y se refiere a servicios bajo jurisdicción bonaerense. De hecho, desde el Ministerio de Salud nacional habían señalado previamente que la aplicación del régimen en hospitales provinciales depende de cada jurisdicción, ya que la salud pública es una competencia provincial.
De esta manera, el Gobierno nacional profundiza una política que comenzó con la reforma migratoria de 2025 y que ahora busca establecer un mecanismo concreto para cobrar las prestaciones sanitarias no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente, manteniendo la atención de emergencia como un derecho garantizado.