En una medida que modifica la política de contrataciones estatales, la Jefatura de Gabinete de Ministros derogó la Decisión Administrativa 244/2013, que establecía la obligatoriedad de contratar exclusivamente con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas para los traslados de funcionarios y terceros. Esta decisión, que fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Decisión Administrativa 1017/2024, responde a un cambio en la estrategia del Gobierno para fomentar un sistema de contrataciones más transparente y competitivo, alineado con los principios de licitaciones públicas.
La normativa original, que databa del Decreto 1191/2012, buscaba priorizar el uso de empresas con participación estatal en sus operaciones, en este caso, Aerolíneas Argentinas y su filial Austral. La intención detrás de esta medida era fortalecer a las aerolíneas nacionales, asegurando que el Estado nacional fuera uno de sus principales clientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, este marco regulatorio fue modificado por diferentes decretos, como el Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública en varias áreas, incluido el sector de transporte, y estableció un programa de desregulación que limitó las ventajas para estas aerolíneas.
El cambio se concreta con la entrada en vigencia del Decreto 747/2024, que eliminó específicamente la obligatoriedad de contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral. De esta forma, se abre la puerta a la competencia de otras compañías aéreas, promoviendo un régimen de contrataciones más abierto y ajustado a los principios de eficiencia y transparencia que caracterizan la administración pública moderna. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, argumentaron que esta medida busca garantizar un sistema de contrataciones más justo y basado en licitaciones públicas que promuevan la concurrencia y eviten prácticas monopolísticas.
A partir de ahora, las distintas jurisdicciones y entidades del sector público podrán contratar con cualquier aerolínea que ofrezca los servicios requeridos, lo que podría generar un cambio en la dinámica del mercado aeronáutico argentino. La decisión también podría implicar una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado, al permitir que las contrataciones se realicen bajo los estándares de competencia y transparencia que la normativa actual busca fomentar. Este paso hacia la desregulación refleja un giro en la política económica del Gobierno, que busca optimizar las contrataciones públicas y reducir la dependencia de empresas estatales.