El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010. El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, por lo que recibió media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

La iniciativa introduce modificaciones en los criterios de internación, la conformación de los equipos profesionales y el abordaje de las adicciones, entre otros aspectos. El texto llegó al recinto después de incorporar cambios durante las negociaciones con bloques aliados, principalmente en relación con el financiamiento del sistema y la participación de distintas disciplinas en las decisiones clínicas.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación de las condiciones para disponer una internación involuntaria. La legislación actual establece como requisito la existencia de un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. El nuevo texto reemplaza ese criterio por una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o ajena.

La evaluación deberá contemplar no solamente el estado de la persona al momento de la consulta, sino también sus antecedentes, la evolución posible de la situación y las consecuencias que podría tener la falta de tratamiento. De todos modos, la internación seguirá considerándose un recurso terapéutico excepcional y deberá utilizarse cuando no sean posibles otras alternativas de atención ambulatoria.

Cómo se realizarán las internaciones involuntarias

Otro cambio importante está relacionado con los profesionales habilitados para indicar estas internaciones. La reforma establece que deberá intervenir un médico, preferentemente psiquiatra, junto con un psicólogo en la evaluación interdisciplinaria.

En situaciones de emergencia, cuando no sea posible contar de inmediato con un equipo completo, un médico podrá disponer la internación. La decisión deberá ser revisada y ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También se habilitan las teleconsultas con especialistas en psiquiatría para aquellos lugares donde no haya profesionales disponibles.

Además, las internaciones involuntarias deberán ser notificadas a la Justicia, que podrá solicitar informes y revisar las medidas adoptadas. De esta manera, el proyecto modifica el esquema de intervención judicial previsto anteriormente.

La propuesta también incorpora la obligación de establecer un plan de egreso desde el momento del diagnóstico. Este deberá contemplar las condiciones necesarias para la salida de la persona y la continuidad de su tratamiento. Asimismo, se prevé la participación de familiares y representantes legales en la coordinación del alta, con la correspondiente notificación anticipada.

Adicciones, atención de menores y financiamiento

La reforma amplía el abordaje de las adicciones y los consumos problemáticos. Entre las situaciones contempladas se incorpora expresamente la ludopatía, es decir, la adicción al juego, que podrá recibir atención dentro del sistema de salud mental.

En cuanto a niños y adolescentes, se establece que deberán ser atendidos por equipos con formación específica en salud mental infantojuvenil. También se dispone que sus internaciones se realicen en espacios separados de los destinados a personas adultas.

Otro aspecto incorporado durante las negociaciones es la cooperación económica entre el Estado nacional y las provincias. El texto prevé asistencia técnica y financiera para implementar las prestaciones y fortalecer los dispositivos de atención, mediante acuerdos entre las distintas jurisdicciones.

A su vez, se reconoce la posibilidad de que las personas establezcan directivas anticipadas sobre su salud mental, expresando qué tratamientos aceptan o rechazan y designando a quienes podrán manifestar su consentimiento cuando no estén en condiciones de hacerlo por sí mismas.

Pese a las modificaciones, el proyecto conserva uno de los principios centrales de la normativa vigente: la prohibición de crear manicomios y sostener prácticas manicomiales. También mantiene el carácter excepcional de las internaciones y contempla distintas alternativas de atención ambulatoria y comunitaria.

Con la media sanción obtenida en el Senado, la reforma deberá pasar ahora por la Cámara de Diputados, donde se definirá si los cambios propuestos se convierten en ley.