El clima de la mañana era tenso. Todos los trabajadores estaban puertas afueras de la comuna con un reclamo que se inició sin quema de cubiertas a primera hora de la mañana. Mario Drovetta, el interventor que aun no cumplió un mes en funciones, detalló que la falta de documentación, que incluye desde legajos personales, asignaciones de tareas hasta contratos es realmente compleja y amerita ser reorganizada. Afirmó que no hubo cambios importantes en las liquidaciones pero que sería “ilegal” que continúen pagando como hasta el momento. 

Según Drovetta hace quince días convocaron tanto a Sitram como a Adetram para coordinar una reunión y evaluar caso a caso a cada uno de los empleados comunales contemplando que en la sede administrativa los papeles son escasos o nulos. Pero, la cita hasta el momento no se logró concretar. 

En ese contexto enfatizó: “Como interventor es una irresponsabilidad que los sueldos se sigan liquidando de manera incorrecta”. Dentro de los items en cuestión aparece el uso de maquinaria pesada y las tareas de riesgo, que significan un incremento de hasta el 30 por ciento por día trabajado, que según aclaró un contador que lo asistía estaba siendo incorporado al total y no a la tarea asignada.

Y otro de los puntos álgidos fueron las horas extras: “Había empleados que cobraban hasta el doble del salario por las horas extras, que hasta el momento nadie controlaba porque no había un registro”, ahondó Drovetta. Asimismo, avanzó que en breve reacomodará las funciones otorgando responsables por sector y tareas especificas.  

El interventor entendió que el pago de los haberes del mes pasado se realizaron tal como estaban porque urgía que se levante la medida de fuerza, pero que su trabajo es reordenar. En total en marzo la comuna abonó 2.800.000 pesos en concepto de salarios. La falta de presupuestos y documentación como ordenanzas que estipulen las categorías de los obreros también figuran como condicionantes para organizar correctamente el funcionamiento institucional. 

Por otra parte, confirmó una deuda con la ART de más 800 mil pesos acordada en cuatro pagos consecutivos. Una retención de pagos para créditos obtenidos en la mutual de Festram que nunca se depositaron, entre otros reclamos que aparecieron en las últimas semanas. “Queremos que los trabajadores cobren conforme a la tarea que realizan, no quisimos tomar ninguna medida radical. Acá no hay puertas cerradas para nadie”, culminó el intervenor.