La justicia sigue recibiendo acusaciones cruzadas de los integrantes de la comisión comunal de Maciel. Hubo una nueva presentación penal donde manifestaron que en el cambio de tesorería, donde el banco habilitó una nueva firma, “vaciaron cuatro millones de pesos” en un día de las cuentas comunales. Además, afirman que profesionales cobran números exorbitantes, como desde el área legal alcanza los 98 mil pesos mensuales.
Ayer, precisamente, la vocal Cristina Gomez y el tesorero oficializado, Nestor Severo, dejaron constancia de un repaso de lo vivido en el último año donde manifestaron irregularidades y enfatizaron el incumplimiento de funcionarios públicos por parte del presidente comunal, Pedro Tobozo, y su vice Patricia Bessonart.
Dentro del recorrido señalan el inicio del conflicto que remonta al comienzo de la gestión en diciembre de 2017. Detallando que Gomez, quien ingresó después de las internas de abril, se mostraba reticente a varios manejos que pretendía el sector de Tobozo. Situación que habría comenzado a observar Severo y terminó en discordia. Convirtiendo así dos sectores en la misma comisión: Tobozo y Bessonart, por un lado y Severo, Gomez y Daniel Lamboglia de la minoría, por otro.
En un contexto de preocupación sobre la utilización de los fondos públicos señalan “pagos irregulares, manejo abultado de la caja chica, no bancarización de las recaudaciones como los carnavales de 2018”, entre otros puntos. Además continuan detallando las amenazas, discusiones, reuniones con personas ajenas a los miembros habilitados, denuncias cruzadas, vivida en las citas oficiales. Y cuestionan que los profesionales cobran abultados montos para ejercer su función. Por ejemplo tres abogados que suman un total de 98 mil pesos mensuales.
Por otra parte, en medio de una confusión que determinó dos tesoreros habilitados a partir de lo que sería una “falsa renuncia” para Severo, los miembros titulares de la comisión comunal de Maciel enfatizan que en un sólo día “vaciaron las arcas comunales” con “pagos irregulares, superfluos e innecesarios” por una suma que alcanda los cuatro millones de pesos. Desde entonces las cuentas permanecen bloqueadas.
El escrito concluye solicitando que se “ordene en forma inmediata medidas se aseguramiento de bienes tendientes a cuaucionar el recupero de los fondos comunales”.