Este martes 10 de noviembre comenzó en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo el juicio oral contra un hombre de 42 años acusado de amenazar a su pareja y privarla ilegítimamente de su libertad en Maciel. La Fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión efectiva, además de una multa y la declaración de reincidencia.
El debate está a cargo de un tribunal unipersonal presidido por el juez de primera instancia, Dr. Fogliato. La acusación es sostenida por la fiscal Victoria Vigna, de la Fiscalía Regional 2.
El hombre está acusado de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, y privación ilegítima de la libertad calificada por el vínculo, por haber sido cometida mediante amenazas y por su duración. Todos los delitos se le atribuyen en carácter de autor.
La amenaza de muerte y la escopeta
De acuerdo con la acusación fiscal, uno de los episodios ocurrió el 11 de agosto de 2023, alrededor de las 00:30, en una vivienda de Maciel donde el acusado convivía con su pareja.
En ese contexto, luego de mantener una discusión, el hombre le habría manifestado que la mataría si ella lo dejaba. Ante la situación, la mujer salió corriendo hacia la comisaría de Maciel para pedir auxilio. Según la reconstrucción fiscal, el acusado aprovechó ese momento para escapar del lugar.
Además, se le atribuye haber tenido en esa vivienda, sin la correspondiente autorización legal, una escopeta de un solo tiro, calibre 16, marca Centauro.
Casi dos años bajo un régimen de control y dominio
La acusación también comprende un período mucho más extenso: desde enero de 2023 hasta el 18 de diciembre de 2024.
Según la Fiscalía, durante ese tiempo el hombre habría atentado contra la dignidad y la autonomía personal de su pareja, sometiéndola a un régimen de control y dominio que incluyó restricciones a su libertad y a su capacidad de tomar decisiones.
Entre las conductas descriptas se encuentran la vigilancia constante dentro del domicilio, las limitaciones para circular y la obligación de contar con autorización expresa del acusado para salir de la vivienda.
La mujer también habría sido coaccionada para realizar determinadas acciones y recibía amenazas en caso de no regresar al domicilio o de formular una denuncia.
Con el inicio del debate oral, la Justicia deberá analizar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado por los hechos que le atribuye la Fiscalía.