Los primeros quince días fueron de intenso ordenamiento para el interventor de la comuna de Maciel. Por orden del ministerio de Gobierno, la primera recomendación a cumplir fue un minucioso informe del estado de situación de la administración local tras la crisis institucional. Encontraron falta de rendiciones de dineron enviado, de fondo sojero, de ordenamiento económico con la ordenanza tanto presupuestaria como tribuntaria, complicación (conocidas) con el cambio de tesorería y la firma en el banco, empleados a dedo y mal nombrados, y hasta contratados sin contrato. El repaso punto a punto.
Dentro de la administración, el grupo que asiste al interventor Mario Drovetta, emitió un primer informe prelimitar de lo encontrado en la comuna de Maciel. En primer lugar, manifiesta que el Tesorero Comunal en funciones antes de la intervención poseía bloqueada su firma sobre las cuentas oficiales en el Banco Santa Fe debido a un intento de exclusión, realizado por algunos miembros de la Comisión que habían decidido en reuniones realizadas sin respetar el quorum legal y resuelto sin las mayorías legales. Una situación de público conocimiento que desencadenó la etapa final de la comisión electa, que asumió en diciembre de 2017.
En cuanto al panorama económico notaron falta de confección de los balances mensuales de tesorería, inexistencia de una ordenanza presupuestaria y su consecuente ejecución, asimismo considean que la tributaria se encuentra desactualizada en los montos, que nunca fue tratada en comisión “lo que genera una pérdida de ingresos a las arcas comunales” y falta de rendición del Fondo Federal.
Además determinan la inexistencia de obras públicas locales durante el último año, disponiendo fondos acreditados en cuenta comunal por la ley 12.385 de obras menores pero sin tener registros administrativos de la obra a realizar. Ahondando, se determina un expediente para obras de bacheo que se gestiono, donde provincia transfirió el monto y no se avanzó. Cabe destacar que ese valor está, aunque ya no podrá cumplir la obra para el que fue adjudicado por la inflación reinante.
En cuanto a los empleados comunales enfatizaron la existencia de juicios contra la comuna por moobbing laboral, es decir persecución laboral psicológica, sin que se la comuna tenga representación en los juicios por un abogado. Falta de pago de los haberes correspondientes al mes de febrero de 2019, sumado a una errónea liquidación, respecto a la asignación de categorías, adicionales y suplementos.
En el mismo sentido, ahondaron en la ilegalidad manifiesta de actos administrativo de nombramiento de personal permanente, contratos de personal no permanente e inexistencia de contrato con personal “eventual”, dado que el ingreso no se efectuó por concurso, sumado a la carencia de legajo del personal con antecedentes y contingencias, y personal contratado “en negro” y “de palabra” que prestan servicios para la comuna.
Asimismo, los obreros carecen de una ordenanza que establezca la estructura orgánica del personal comunal, que establezca las misiones y funciones del mismo. Además, una deuda de la cobertura riesgo de trabajo ART del personal comunal. Y el incumplimiento en la presentación las declaraciones juradas de aportes previsionales a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
En cuanto a los profesionales de la salud que contempla médicos clínicos, pediatras, psicólogos, entre otras especialidades del SAMCo y el dispensario, que prestan servicios en el Centro Asistencial local, no tienen contrato de locación de servicio que los una con la Comuna.
Por otra parte, expusieron la inexistencia de libro de registro de ordenanzas y de resoluciones, lo que complica para visualizar las decisiones tomadas, en paralelo el libro de acta de reuniones de comisión que permanece incompleto. En ese sentido, describieron el desorden administrativo que significa el ineficiente archivo de documentación en lo relativo a legajos del personal, notas ingresadas, carpeta de ordenanzas que se encontraban sueltas sin el registro pertinente.
Además, resaltaron deudas con el preveedor encargado de la disposición final de la basura, incumplimiento de pago del Fondo de Asistencia Educativa, corresponde a varios meses del 2018 y lo que va del 2019, falta de registros contables, balances y presupuesto.
En un breve repaso los datos más relevantes detectados en los primeros quince días de trabajo del nuevo interventor. Toda la información vertida fue presentada con anterioridad a la secretaría de Municipios y Comunas, y al ministro de Gobierno, Pablo Farías en una reunión en Santa Fe.