En horas de este viernes, la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA) anunció el inicio de una medida de fuerza contra el sector agroexportador. La medida será hasta el 25 de marzo o hasta tanto se aclare si se encuentran contemplados dentro de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada por el Gobierno Nacional.

Desde el gremio manifiestan una interpretación errónea por parte de los empresarios acerca de las excepciones del cumplimiento de la medida establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia. 

“Hacen interpretaciones erradas, malintencionadas e improcedentes para dar rienda suelta a su voracidad económica y obligar a todos los trabajadores del sector a prestar tareas como si nada pasara, en esta grave situación por la que atravesamos, poniendo en riesgo no solo a los trabajadores y sus familias, sino a toda la sociedad en su conjunto”, exponen en un comunicado.

Los trabajadores interpretan además que “los puertos de nuestro país constituyen uno de los puntos más vulnerables para la expansión del virus, dado que continuamente arriban barcos extranjeros que ingresan sin control alguno”.

Denuncian además, que “las agroexportadoras, los acopios y las terminales han decidido aumentar su capacidad de trabajo, convocando a los trabajadores a desempeñar tareas en horarios inhábiles y en horas extras”.  

En ese sentido la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA), a través de su Secretario General Compañero Pablo Palacio, anunció el cese  total de actividades en puertos, acopios y empresas de control a partir del día Viernes 20 de Marzo a las 19 horas. y hasta las 6 horas del día Miércoles 25 de Marzo.

Sino, hasta tanto el Gobierno Nacional aclare la interpretación, extensión y aplicación de los Incisos 13 y 15 del Decreto de Necesidad y Urgencia. “Los que claramente y a la luz de la situación que vivimos deben ser interpretados restrictivamente, dando prioridad a la protección de los trabajadores, sus familias y la sociedad en su conjunto”, señalaron.

La medida, tal como manifestaron, apunta a preservar la integridad y la salud de los 10.000 trabajadores y sus grupos familiares.