A partir de un pedido de informes realizado por el diputado provincial Fabián Palo Oliver, el caso de un policía corondino, acusado 25 años después por un sobrino, de cometer abuso sexual contra él y dos primos más, comenzó a tomarse en serio dentro del gobierno provincial. De hecho, antes de que cobrara estado público en distintos medios de alcance regional, sólo estaba la denuncia asentada y nada más.
El 28 de agosto de 2024, David, corondino desde hace años viviendo en Rosario, de casi 40 años de edad, denunció a su tío, policía de alto rango en la Unidad Regional XV, y lo acusó de abusar sexualmente de él y de dos primos más, entre 1996 y 1999. Paulatinamente el hecho fue tomando trascendencia hasta llegar a medios nacionales.
El diputado Palo Oliver pidió informes al respecto y la respuesta no se hizo esperar. El oficial fue separado de su cargo provisoriamente mientras dure el proceso y se tramite la causa en donde fue denunciado.
Pero la semana pasada apareció otra novedad. El decreto 401/2025 que refiere a los ascensos para el personal policial de parte del Gobierno de Santa Fe, año 2023, directamente nombra el caso “teniendo en cuenta la difusión pública y los antecedentes mencionados, sobre los presuntos hechos perpetrados por el señor C.F., corresponde dejar en suspenso la propuesta de su ascenso al grado de Subdirector de Policía en el marco del Concurso de Ascenso Policial 2023” ante lo cual por corrimiento, el ascenso se lo dieron a otro efectivo que había quedado como suplente de mérito.
Cinco meses después
Los delitos habrían sido cometidos en la casa de la familia del policía en Coronda, entre 1996 y 1999, cuando el chico quedaba a cargo de su tía jubilada porque sus padres trabajaban. Con la salida de los mayores, ocurrían los abusos.
La denuncia fue radicada el 28 de agosto del año pasado en una comisaría de Rosario pero como los hechos ocurrieron en Coronda, pocos días después la causa fue trasladada a la fiscalía de esa localidad. Una vez allí, y a su vez, el Dr. Marcelo Nessier derivó nuevamente las actuaciones a la fiscalía de género de Santa Fe y por mail dio una justificación al denunciante: “Usted radica una denuncia contra una persona que, actualmente, es funcionario policial y que se desempeña en la órbita del departamento donde soy fiscal. Es decir, en pocas palabras, que el imputado trabaja conmigo y, por tanto, -por un deber de objetividad- para evitar planteos de su parte, entiendo que lo correcto es que intervenga otro fiscal que no trabaje con ese funcionario policial”.
Recién a mediados de enero, casi cinco meses después de la denuncia, el muchacho fue citado a declarar y le informaron que la investigación está a cargo del fiscal Matías Broggi de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas).
Casos similares, resoluciones diferentes
El joven denunciante explicó que, aunque está en Rosario desde hace 10 años, toda su infancia vivió en Coronda. Cuando sus padres iban a trabajar, a él y a su hermana mayor los dejaban a cargo de su tía, la mamá del policía denunciado. Cuando su tía tenía que salir a hacer mandados o por alguna urgencia, quedaban solos y allí ocurrían los abusos. De acuerdo al testimonio del hombre, los abusos comenzaron cuando el denunciante tenía 10 años, en 1996. Luego de hacer la denuncia, él tomó conocimiento de que su hermana y otro primo suyo también habrían sido abusados por la misma persona.
Desde entonces y con todos estos movimientos, la causa continúa, con un detalle no menor: la denuncia fue hecha 25 años después de los hechos por lo que la defensa del policía también pondrá en juego la extinción y prescripción de la causa por el tiempo transcurrido aunque habría atenuantes a esta situación.
De todos modos, no se tomaron las mismas decisiones con dos casos puntuales denunciados y puestos en el tapete en la justicia provincial, de jefes penitenciarios contra subordinadas, también con carátulas de presuntos abusos sexuales, teniendo ambas causas como escenario a la Cárcel de Coronda en 2015 y 2017 pero denunciados varios años después. En ningún momento esos tres funcionarios involucrados en estos dos hechos fueron puestos a disponibilidad o algo parecido y desde entonces y en distintos momentos han mantenido o mantienen cargos jerárquicos dentro del Servicio Penitenciario provincial.