Fabio Alejandro Giménez, de 34 años, un recluso condenado por múltiples robos, el asesinato de un ladero del capo narco Esteban Alvarado y la tentativa de homicidio de un empresario de suplementos deportivos, recibió una nueva sentencia este martes en un juicio abreviado donde reconoció su autoría en múltiples extorsiones cometidas desde la cárcel de Coronda gracias a la utilización de aparatos telefónicos y tecnológicos. El narco, conocido por dirigir una organización criminal desde prisión, recibió una pena unificada de 28 años y 8 meses de prisión efectiva.
Giménez, quien ya purgaba una pena de 13 años y 8 meses en la cárcel de Coronda, sumó 15 años tras el acuerdo entre su defensa y el fiscal Pablo Socca. El abreviado fue homologado por la jueza Paula Álvarez a la espera de que se confirme la sentencia a perpetua por el homicidio del Fino Ocampo y la tentativa contra el empresario.
Este acuerdo agrupó siete causas en las que Giménez es señalado como líder de una asociación ilícita dedicada a extorsiones, balaceras por encargo y la venta de drogas al menudeo. Según las investigaciones, el recluso coordinaba los ataques a través de sus parejas, quienes lo visitaban en prisión y ejecutaban sus órdenes.
Varias extorsiones
Entre los casos más destacados, se encuentra la extorsión a una empresa de mudanzas de Rosario cometida en enero de 2022, donde exigió dinero bajo la amenaza de incendiar un camión o balear el local. Además, su organización dejó notas intimidatorias en domicilios de Villa Gobernador Gálvez, exigiendo pagos a cambio de «protección».
En la zona sur de Rosario, el dueño de un quiosco fue obligado a entregar 300 mil pesos, mientras que un local de repuestos automotores recibió una demanda de 3 millones de pesos. Al no acceder al pago, el local fue atacado a balazos en dos ocasiones, incluyendo una balacera contra la vivienda de los dueños.
En mayo de 2022, extorsionó al propietario de una vivienda en Villa Gobernador Gálvez, donde había alquilado una de sus parejas. La víctima entregó 100 mil pesos, pero el recluso exigió más dinero, lo que llevó a un operativo policial con detenidos. Meses después, en junio de 2022, el propietario volvió a ser amenazado, resultando en la captura de tres cómplices que intentaron cobrar el efectivo.
“Home office” del delito
La referencia entre lo cuantitativo y cualitativo se ve reflejado en este caso en una situación dada en el Instituto Correccional Modelo Unidad 1 de Coronda, ya que a mayor cantidad de presos en existencia, menor es el porcentaje de efectividad en el control pleno de todos y cada uno de ellos.
El “home office” delictivo no es nuevo. Hace años que es moneda corriente el ingreso de teléfonos celulares para que los internos no pierdan el contacto con sus familiares, como mínimo, o para que puedan continuar liderando las bandas que comandaban en libertad, de máxima.
Ya sea por los propios familiares en su rol de visita, por empleados infieles, o terceros que ingresan a tener contacto con los reos, el contrabando de celulares se convirtió en moneda corriente. Tanto que los secuestros son diarios pero aún así los aparatos siguen circulando dentro del gran penal de 25 mil metros cuadrados de superficie.
En diciembre de 2022 llegaron los equipos de escaneo de las personas y cosas que ingresan al penal, y se puso en funcionamiento en febrero de 2023. Esto disminuyó pero no terminó con el contrabando de teléfonos.
Superpoblación
El último número lo arrojó este jueves en la sesión ordinaria del Concejo de Coronda, el edil de UPP, Claudio Minetto, quien expresó que a hoy día hay en la Unidad 1, un total de 2940 internos, cuando la capacidad ideal máxima es de 1800. Existe una superpoblación del orden del 60%.
Afortunadamente muchas veces se descubre que dentro de la cárcel –de éste y de otras, claro está- el delito continúa vigente porque hasta allí lo único que se hace es sacar físicamente del medio al delincuente, pero eso no implica siempre que sea frenado su intención de lucro delictivo. La tarea de la justicia es entonces, eliminar la acción y que el malviviente no pueda seguir robando, estafando, traficando o extorsionando.