Una investigación de la Justicia Federal volvió a poner bajo la lupa el entramado económico que rodeaba a Andrés “Pillín” Bracamonte, el histórico jefe de la barra brava de Rosario Central asesinado en noviembre de 2024. Esta vez, uno de los puntos alcanzados por los procedimientos estuvo en San Lorenzo.
Gendarmería Nacional realizó seis allanamientos simultáneos en Rosario, Ibarlucea, Granadero Baigorria y San Lorenzo, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 3 de Rosario y estuvieron vinculados a una pesquisa impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Un allanamiento en San Lorenzo
Uno de los objetivos estuvo ubicado en Alemania al 1100, en San Lorenzo, donde funciona actualmente ATE Servicios Integrales SRL, una firma que aparece en la investigación por su vínculo con el entramado empresarial atribuido a Bracamonte y sus allegados.
Según la investigación, la empresa tuvo anteriormente otra denominación: Vanefra SRL, y posteriormente pasó a llamarse ATE Servicios Integrales SRL. La firma estaba vinculada a la prestación de servicios como baños químicos y viandas para empresas constructoras, actividades que ya habían aparecido en la causa provincial que investigó a Bracamonte y al entonces titular de la UOCRA Rosario, Carlos Vergara.
De acuerdo con la información difundida sobre la causa federal, ATE dejó su sede anterior en Capitán Bermúdez a comienzos de 2025 y actualmente funciona en Alemania 1181, San Lorenzo, bajo la gestión de una persona del entorno familiar de Bracamonte. Los fiscales investigan si, tras la muerte del barra, la estructura empresarial continuó funcionando y administrando bienes que ya estaban bajo sospecha.
La investigación apunta a qué ocurrió después de la muerte de Pillín
El eje de la nueva investigación es determinar qué ocurrió con el patrimonio y las sociedades vinculadas a Bracamonte después de su asesinato.
Los fiscales sostienen que la muerte de Bracamonte no habría significado el final de la estructura económica, sino un cambio en las personas que continuaron utilizando o administrando determinados bienes y empresas. Entre los elementos que analizan aparece, por ejemplo, una camioneta Toyota Hilux que fue inscripta a nombre de su pareja apenas 16 días después del crimen, según la investigación.
También se investiga la continuidad de ATE Servicios Integrales. Uno de los socios originales, Fernando Rigiracciolo, había cedido formalmente sus cuotas de la empresa en 2023. Sin embargo, los investigadores detectaron que continuaba utilizando una camioneta perteneciente a la firma, mientras que otra Amarok de la empresa se encuentra desaparecida.
Once vehículos, ocho Rolex y dinero en efectivo
Los procedimientos terminaron con el secuestro de una importante cantidad de bienes y documentación.
Según la información difundida por la investigación, Gendarmería incautó:
- 11 vehículos, entre camionetas y automóviles.
- Una motocicleta de 1.200 cc.
- Ocho relojes Rolex.
- $4.834.800 en efectivo.
- Una pistola calibre .22, cargadores y municiones.
- Computadoras, teléfonos y dispositivos de almacenamiento.
- Documentación considerada de interés para la causa.
La causa busca reconstruir el recorrido de fondos que, de acuerdo con la hipótesis investigada, tendrían un origen ilícito y habrían sido incorporados al circuito económico mediante distintas maniobras.
Un antecedente que vuelve a poner al Cordón Industrial en escena
La presencia de San Lorenzo no es nueva en las investigaciones que tuvieron como protagonista a Bracamonte.
En noviembre de 2023, cuando el fiscal Miguel Moreno investigaba la presunta asociación ilícita que vinculaba al jefe de la barra de Central con Carlos Vergara, se realizaron procedimientos en distintas localidades de la región. Hubo allanamientos en San Lorenzo, Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez y Villa Constitución, además de Rosario, Ibarlucea y Granadero Baigorria.
Aquella investigación señalaba que empresas vinculadas al entorno de Bracamonte eran utilizadas para prestar servicios de baños químicos y viandas en obras del Cordón Industrial. Según la acusación fiscal de entonces, el esquema incluía presiones a empresas constructoras para contratar determinados servicios y otras maniobras que fueron calificadas por los investigadores como extorsivas.
Ahora, casi dos años después del asesinato de Bracamonte, San Lorenzo vuelve a aparecer dentro de una investigación judicial que busca determinar qué ocurrió con ese entramado económico y con los bienes que quedaron vinculados a su entorno.