El conflicto que involucra a los trabajadores de Vicentín y Renopack dio un giro este miércoles, cuando el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) comenzó una huelga en sus plantas de Ricardone, Puerto San Lorenzo y la envasadora Renopack. El gremio exige el pago total de los haberes adeudados a los trabajadores, quienes solo recibieron un 30% de sus salarios. Esta medida se produce luego de que la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina (CIARA) solicitara la intervención del Ministerio de Trabajo, lo que llevó a la suspensión temporal de la paralización nacional del sector con la conciliación obligatoria.
A pesar de la intervención de la Secretaría de Trabajo y la aplicación de una conciliación obligatoria, la situación para Vicentín sigue siendo complicada. La empresa, que atraviesa una grave crisis financiera, se encuentra en concurso de acreedores y enfrenta deudas que superan los 5.000 millones de pesos. A pesar de recibir adelantos de US$3 millones en concepto de fasones de soja, girasol y etanol, los fondos no son suficientes para cubrir sus obligaciones salariales y operativas. En este contexto, la medida de conciliación no alcanzó a frenar el descontento de los trabajadores, quienes continúan exigiendo respuestas.
El conflicto se enmarca en un contexto de crisis interna en la empresa, donde se cuestiona la falta de liquidez, a pesar de la actividad productiva continua en las plantas de Vicentín. Los dirigentes gremiales insisten en que la empresa tiene ganancias, pero no hay claridad sobre el destino de los fondos que podrían haber sido destinados a los sueldos. Ante esta situación, los trabajadores no dudaron en cumplir su promesa de paralizar la producción cuando sus salarios no se pagaran en su totalidad, generando un fuerte impacto en la actividad aceitera.
La situación en el puerto de San Lorenzo y la planta de Ricardone también muestra las consecuencias del conflicto, con camiones varados y la posibilidad de congestión del tránsito debido a la paralización de actividades. Esta medida también afecta el flujo de trabajo y las entregas a otras empresas, que se vieron limitadas por la falta de cupos disponibles para la empresa en crisis. A pesar de estos inconvenientes, la negociación con la empresa sigue siendo incierta, y los trabajadores exigen que se cumpla con sus derechos salariales.
Mientras tanto, el juez de la causa, Fabián Lorenzini, designó una veeduría para que, en el plazo de 120 días, presente un informe que aclare la situación financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con las deudas. Este es un paso importante en un escenario donde la falta de transparencia y la creciente crisis económica de la empresa continúan siendo puntos críticos, tanto para los trabajadores como para la industria en su conjunto.