El gimnasio ubicado en la esquina de Congreso y Vélez Sarsfield, en San Lorenzo, vinculado a una causa por narcotráfico y perteneciente a la familia del empresario Delfín Zacarías, continúa sin ser utilizado y en estado de abandono.
En las últimas horas, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, solicitó al Tribunal Oral Federal N° 1 la custodia provisoria del inmueble. El objetivo es que el municipio pueda cerrar y asegurar el edificio, ante la situación de abandono y los reiterados ingresos al lugar.
Según planteó el municipio, el edificio estaría siendo utilizado como una especie de “aguantadero”, por lo que se busca impedir el acceso y evitar que continúe deteriorándose mientras se define su situación.
La novedad se conoce pocos días después de que se informara que el inmueble tendría como destino la Escuela de Educación Técnica N° 672 de San Lorenzo. Las primeras informaciones señalaban que la Justicia Federal había dispuesto que la estructura fuera destinada al establecimiento educativo para el desarrollo de sus actividades.
Sin embargo, la entrega efectiva del edificio todavía no se habría concretado. Por ese motivo, el inmueble continúa bajo la órbita judicial, sin actividad y en condiciones de abandono.
El pedido realizado ahora por Raimundo apunta a que el municipio pueda asumir provisoriamente la custodia del lugar, cerrar sus accesos y evitar que continúe siendo utilizado por personas que ingresan al edificio.
El inmueble de Congreso y Vélez Sarsfield permanece inconcluso desde hace más de 15 años. La estructura había sido proyectada como un importante espacio deportivo para San Lorenzo, pero la obra nunca llegó a finalizarse y quedó abandonada.
El edificio quedó vinculado a la causa contra la familia de Delfín Zacarías, empresario condenado por delitos relacionados con el tráfico de cocaína. La estructura pasó a quedar bajo la órbita de la Justicia Federal en el marco de las medidas adoptadas sobre los bienes vinculados a aquella investigación.
Ahora, el futuro del inmueble vuelve a estar en discusión. Mientras se aguarda que pueda concretarse el destino educativo que había sido informado para la Escuela Técnica N° 672, el municipio busca garantizar que el edificio permanezca cerrado y bajo resguardo.
De concretarse la custodia provisoria, el objetivo será recuperar el control sobre un inmueble que lleva más de una década abandonado y evitar que vuelva a convertirse en un foco de ingreso y permanencia de personas.