Sorprendío la decisión de la Corte Suprema de Justicia De la Nación, con el fallo de reducción de 2 por 1 en las penas a genocidas que efectuaron delitos de lesa humanidad en la última y sangrienta dicadura cívico militar argentina iniciada en 1976, que generó más de 30 mil desaparecidos, torturados, y centenares de bebés expropiados, que hoy se continúan buscando. Dictadura repudiada por organismos internacionales de derechos humanos.
Este fallo polémico generó gran revuelo social en desacuerdo por el dictámen, fue por eso que una multitud de civiles, salieron ayer a las plazas de todo el país, para acompañar a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y manifestar la negativa social contra la decisión de la Corte. Marcharon a favor de la democracia, y por una Justicia digna.
Vecinos de distintos lugares del Cordón Industrial se dieron cita, y se manifestaron en San Lorenzo, ayer por la tarde noche, en este sentido, dialogamos con una de las oradoras en la marcha, Soledad Chiodín, militante del espacio por la Memoria Verdad y Justicia del Cordón Industrial.
“Fue sorprendente la cantidad de gente que se manifestó ayer en el Paseo del Pino, fue mucha gente joven, eso es algo completamente alentador, pero sí celebramos que la gente haya comprendido que el falllo de la Corte Suprema era contra todos. Y que una vez más nos tuvo en la calle reclamando algo, que hasta ahora creíamos indiscutible: que fue genocidio, que fueron 30 mil desaparecidos y que fue delito de lesa humanidad”.
El Congreso tomó cartas en el asunto, en consonancia con el pedido del País, y en una sesión, dieron marcha atrás al detalle de la Ley que incluía a los delitos de lesa humanidad con la ventaja de la reducción de pena.
Igualmente la Corte desconoció la Ley que debe proteger la imprescriptibilidad que hace que sean delitos de lesa humanidad. Chiodín, dijo: “Queda de manifiesto que eran para las penas de los genocidas, para aquellos que atentarons contra las institucionalidad, para aquellos que planearon y llevaron adelante un plan sistemático de exterminio sobre un grupo determinado de personas, militantes gremiales, políticos partidarios”.
“Era imposible que se conmuten las penas, porque así lo establece la legislación internacional a la cual Argentina se suscribió a partir de 1994 cuando incorporó los tratados internacionaels de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”, esgrimió Chiodín.
Los poderes Judiciales y Legislativos de turno, hicieron y deshicieron como quisieron: “Por lo tanto lo que hizo el Congreso y el Senado en aprobar otra el ley, fue irrisorio, porque la Ley ya está. La sociedad argentina no necesita otra ley que establezca que no se puede conmutar las penas a genocidas”, apuntó Soledad Chiodín.
La referente de derechos humanos del Cordón Industrial, sentenció: “Hubiésemos esperado que el Poder Legislativo de la Nación, pidiese Juicio Político, condenando a estos tres Magistrados que cometieron este acto aberrante y pusieron en riesgo la institucionalidad del país”.
Según Chiodín, la Justicia fue condescendiente con los lineamientos políticos de turno en la Nación: “No sorprendió el fallo de la Corte, poque tiene que ver con la política que se está llevando adelante, desde que Cambiemos y Mauricio Macri gobiernan este país, como el negacionismo hacia los más de 30 mil compañeros desaparecidos, hablar de guerra sucia, no reconocer la participación económica y civil dentro del plan sistemático de exterminio”.
Para Chiodín, estos reveses judiciales, tienen consonancia fáctica: “El Gobierno de Mauricio Macri, le retiró al Estado la facultad de querellante a favor de las víctimas de delitos de lesa humanidad, en los casos que aún restan juzcgar. Esa decisión de Estado se tomó entre octubre y diciembre del año pasado. Y no nos olvidemos que tanto Macri, como gran parte de su gabinete, fueron beneficiados en la última dictadura cívico militar argentina”, y culminó: “Más que nunca hay que estar en la calle, en unidad, y entender por qué pedimos Nunca Más”.