La causa por el asesinato del camarógrafo sanlorencino Gustavo Gutiérrez volvió a los tribunales de Rosario. Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía cuestionó la pena impuesta a Andrea Belén Mimbrero y pidió que se aplique una calificación más grave, mientras que la querella reclamó prisión perpetua para la mujer. La defensa, en tanto, intentó desacreditar distintas pruebas del juicio.

La audiencia se realizó el jueves 20 de agosto y estuvo centrada en los recursos presentados contra las condenas dictadas en primera instancia por el homicidio ocurrido el 29 de diciembre de 2022 en San Lorenzo.

La defensa cuestionó pruebas del juicio

El abogado defensor Franco Fosco puso en discusión distintos elementos utilizados para sostener la acusación. Entre ellos mencionó una vaina calibre .22 encontrada en el techo de una vivienda y que posteriormente fue vinculada con el arma utilizada para asesinar a Gutiérrez.

También cuestionó el secuestro de un teléfono celular y sostuvo que no estaba suficientemente acreditado que el aparato perteneciera a uno de los acusados. En relación con Mimbrero, planteó además que las conversaciones mantenidas con Gutiérrez por redes sociales demostraban que ella había acordado el encuentro, pero negó que estuviera probado que conociera las intenciones de Pérez o que supiera que utilizaría un arma.

La Fiscalía pidió modificar la situación de Mimbrero

La fiscal Luisina Paponi defendió la investigación y consideró que existen elementos suficientes para sostener la responsabilidad de ambos acusados.

En el caso de Diego Jesús Pérez, destacó especialmente las comunicaciones encontradas en su teléfono, en las que habría reconocido su participación en el crimen. También sostuvo que los dos disparos efectuados contra Gutiérrez, dirigidos a zonas vitales y contra una víctima que se encontraba desarmada, respaldan la acusación por homicidio.

Pero el punto central del planteo fiscal estuvo en Mimbrero. Paponi rechazó la versión defensiva y cuestionó la calificación utilizada en la sentencia de primera instancia. Por eso solicitó que se encuadre su conducta bajo una figura más grave y, subsidiariamente, que se incremente la pena teniendo en cuenta las consecuencias del hecho.

La querella pidió perpetua

La querella, representada por Daniel Machado, fue todavía más lejos. Solicitó que se revoque la condena dictada contra Mimbrero y que sea considerada partícipe primaria del homicidio criminis causae, con una pena de prisión perpetua, al igual que Pérez.

Desde la defensa rechazaron ese pedido y remarcaron que una sospecha o una alta probabilidad sobre el conocimiento que podía tener Mimbrero acerca de las intenciones de Pérez no alcanza, según su postura, para acreditar el dolo directo necesario.

Un crimen ocurrido en San Lorenzo

Gutiérrez era camarógrafo de Televisión Regional de San Lorenzo. La investigación determinó que mantenía contacto con Mimbrero a través de Facebook y que durante la madrugada del 29 de diciembre de 2022 retomaron la comunicación.

Según la reconstrucción del caso, el encuentro fue acordado en inmediaciones de Genaro Roldán y Perú, donde Gutiérrez llegó a bordo de su automóvil. Allí se encontraba Pérez, quien le disparó dos veces con un arma calibre .22 en el marco del robo del vehículo.

Herido de gravedad, Gutiérrez logró alejarse del lugar y recorrió varias cuadras en busca de ayuda, pero finalmente murió como consecuencia de las heridas.

La investigación también incorporó mensajes enviados después del hecho y comunicaciones encontradas en el teléfono atribuido a Pérez, consideradas determinantes para establecer su participación.

Qué resolvió el tribunal

Los jueces Guillermo Llaudet, Tomás Orso y Bibiana Alonso escucharon los argumentos de todas las partes y dispusieron un cuarto intermedio.

Por el momento, no existe una resolución sobre las apelaciones. La Cámara deberá definir si mantiene las condenas, modifica la calificación legal o dispone un cambio en las penas.

En primera instancia, Diego Pérez fue condenado a prisión perpetua, mientras que Andrea Mimbrero recibió una pena de 10 años de prisión como partícipe primaria de robo calificado. Precisamente esa diferencia es ahora uno de los principales puntos que deberá revisar la Cámara de Rosario.

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