La investigación judicial a cargo del fiscal, Leandro Lucente, realizó un operativo en el Hogar Santa Cecilia de Carrizales, donde el primero de abril falleció una chica de 13 años, con discapacidad y problemas de salud mental. Los detalles de los secuestros, declaraciones y cómo se perfila la investigación.
Mediante el allanamiento, tomó testimonios, secuestró celulares y varias documentaciones, con el objetivo de afirmar si la violenta maniobra de contención que se realizó previamente, fue la causa de muerte, ya que la autopsia no pudo descartar ni confirmar.
El fallecimiento de la adolescente fue calificado, según el médico de la institución, como “muerte súbita”. Pero luego, una acompañante que presenció la maniobra, denunció que se investigue lo ocurrido ante la Defensoría de niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, el fiscal Lucente pidió que el cuerpo de la menor reciba una autopsia y ordenó la exhumación del mismo, exigiendo estudios anatomopatológicos y que intervenga un odontólogo forense, pero el estado del cuerpo dio resultados no concluyentes.
Según testimonios, ese día, la menor había vuelto del colegio sin ganas de comer y con rastros de haber llorado. Tenía un objeto escondido en su corpiño y se negó a entregarlo ante el pedido de su acompañante.
Al negarse a entregar el objeto, su acompañante pidió ayuda a los operadores para ver qué escondía la niña y fue en ese entonces donde se produjo la maniobra de contención, que se basa en agarrar sus brazos, ponerla boca abajo y presionar una rodilla en su espalda.
Ante la situación, la nena cae al piso, los ayudantes se retiran y su acompañante logra mirar algunos mensajes en su celular. Pocos minutos después, le dice unas palabras y la menor no atina a responder. Al acercarse, la ve morada, la sacude y pide ayuda, pero la reanimación no sirvió.
Además de realizar el allanamiento, Lucente se acercó a los domicilios particulares de cada persona que trabaja en la institución. La investigación continúa y los testimonios son contradictorios respecto al maltrato previo a la muerte.
Si se afirma que la maniobra fue la causante del fallecimiento de la menor, la responsabilidad queda reducida a la persona que realizó dicha actuación. Pueden existir imputaciones por encubrimiento para quienes certificaron la muerte súbita.