Un hombre de 33 años fue detenido en Capitán Bermúdez durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, en el marco de una causa por un presunto hecho de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
La investigación se inició a partir de la denuncia de la madre de una adolescente, quien manifestó que su hija le había contado que el acusado la encerraba en el domicilio cuando se retiraba y le quitaba sus teléfonos celulares, impidiéndole comunicarse libremente.
Según la denuncia, en distintas oportunidades la adolescente habría logrado contactar a su madre y le habría pedido que no respondiera los mensajes, ya que posteriormente los eliminaría por temor a represalias. También le habría solicitado que fuera a buscarla para trasladarse juntas a otra localidad.
La causa fue investigada por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de San Lorenzo, dependiente de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI. A partir de las tareas realizadas, se solicitó una orden de allanamiento que fue concretada este lunes en un domicilio de Capitán Bermúdez.
Durante el procedimiento fue detenido E. A., de 33 años, quien se encontraba en el lugar. Además, los investigadores constataron la presencia de la adolescente, por lo que se dio intervención inmediata al Área de Niñez local, con el objetivo de resguardar a la víctima y a su hija.
En el allanamiento también fueron secuestrados un cartucho calibre 12 marca Orbea, 20 municiones calibre 22, un teléfono celular y una balanza de precisión en desuso. Todos los elementos quedaron a disposición de la investigación.
Tras ser informado sobre el resultado del operativo, el fiscal Javier Paz dispuso el secuestro de los elementos encontrados y la efectivización de la orden de detención vigente sobre el investigado. También se ordenaron las medidas de resguardo correspondientes para la adolescente y su hija.
La investigación continúa bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).