El desfalco de más de 76 millones de pesos a la Caja de Jubilaciones de Cañada de Gómez sumó nuevos detalles luego de que el intendente Matías Chale se refiriera públicamente a las maniobras detectadas y a las medidas adoptadas por el municipio. El mandatario aseguró que la intención de su gestión es recuperar hasta el último centavo del dinero sustraído.
Chale explicó que la principal acusada es una mujer que había sido designada por decreto como encargada de la entidad previsional en agosto de 2023, durante la gestión anterior. Según relató, habría actuado con la presunta colaboración de su marido y de otra empleada del sector.
Las maniobras se habrían extendido desde noviembre de 2023 hasta junio de este año, cuando una auditoría interna permitió detectar las irregularidades. A partir de ese momento, las autoridades municipales apartaron a los involucrados y avanzaron con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.
El mecanismo utilizado aprovechaba una falla técnica del sistema bancario, que permitía modificar los datos de los lotes de transferencias institucionales. De esa manera, podían mantener el nombre de un jubilado o pensionado como destinatario, pero cambiar el número de cuenta bancaria para que el dinero terminara en cuentas personales.
El intendente también describió otra modalidad que involucraba directamente a jubilados reales. De acuerdo con su explicación, desde la Caja se les depositaban montos superiores a los que les correspondían legalmente. Luego, la encargada les comunicaba que se había producido un error y les solicitaba que devolvieran el excedente en efectivo.
Según Chale, los adultos mayores actuaban de buena fe y entregaban el dinero, incluso con recibos firmados que acreditaban esas devoluciones. También se habrían utilizado identidades de personas fallecidas para concretar parte de las maniobras.
“La intención es recuperar hasta el último centavo”, sostuvo el intendente, quien señaló que algunos de los acusados tendrían patrimonio con el que podrían responder por el perjuicio económico ocasionado.
Tras descubrirse el fraude, el municipio bloqueó todas las claves de acceso a la entidad, abrió un sumario interno para determinar posibles responsabilidades administrativas y presentó la denuncia ante la Justicia. La investigación quedó a cargo del fiscal Santiago Tosco.
Por último, Chale buscó llevar tranquilidad a los jubilados y pensionados de la ciudad y descartó que el hecho pueda afectar el pago de sus haberes. Explicó que los 76 millones de pesos desviados no comprometen la sustentabilidad de la Caja, cuyo desembolso mensual en jubilaciones y pensiones supera los 300 millones de pesos.
El mandatario garantizó que los pagos correspondientes a este mes se realizarán con normalidad.