Imputaron al ex comisario de Aldao por tres hechos de defraudación y enriquecimiento ilícito de funcionarios. Las víctimas fueron subordinados policiales. Finalmente le otorgaron la libertad bajo una fianza de 500 mil pesos.
El oficial Alejandro Javier Z. solicitó el CBU a sus subordinados con el argumento de que depositaría el dinero correspondiente a la venta de un vehículo y no podía realizarlo en su caja de ahorro. Cuando obtuvo los datos, sacó una serie de créditos.
En la audiencia imputativa, el fiscal Carlos Ortigoza le atribuyó tres hechos, el primero corresponde al 2 de junio, cuando defraudó a un compañero de la fuerza contrayendo un préstamo con la empresa “Luquitas”.
La víctima le proveyó su CBU y a través de la aplicación de celular o de la página web, el imputado requirió en nombre de su compañero la suma de 65.701 pesos. Para el engaño, el jefe de la Comisaría 10° utilizó los datos de la planilla personal de la seccional.
La misma metodología utilizó en al menos otras dos oportunidades. El comisario solicitaba a sus víctimas que extrajeran la suma de dinero para que luego se la entreguen a él, excusándose de que no podía utilizar su propia cuenta bancaria.
El 5 de junio defraudó económicamente a otro empleado policial, simulando ser el mismo y contrayendo un préstamo, requiriendo en su nombre la suma de 100 mil pesos. Finalmente el 26 de mayo, defraudó económicamente a otro uniformado haciéndole contraer un préstamo con la empresa “Mango S.A.”, requiriendo en su nombre la suma de 99.605 pesos.
Tras la audiencia, el juez Carlos Gazza le dictó la libertad con el pago de una fianza de 500 mil pesos y restricciones: a) fijar domicilio, b) prohibición de acercamiento hacia las víctimas de los hechos y a sus respectivos domicilios, c) prohibición de salida del país o la provincia de Santa Fe, d) prohibición de abusar de bebidas alcohólicas y del consumo de estupefacientes.